En múltiples columnas, he sostenido que la Guardia Nacional no es lo que la Constitución dice que debe ser, y que no hay la menor intención de convertirla en una fuerza policial civil independiente de las Fuerzas Armadas .
Un reporte reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI ), elaborado por Jorge Andrés Castañeda y Leonardo Núñez González , confirma esas hipótesis. A partir de un cuidadoso análisis de los presupuestos y las cuentas públicas de los últimos tres años, así como del paquete económico 2022, Castañeda y Núñez presentan los siguientes hallazgos (cito a la letra):
• “El 59% de los integrantes de la Guardia Nacional no tienen una plaza dentro de la propia institución, sino que se trata de militares que jamás dejaron de pertenecer y recibir sus salarios en la Secretaría de la Defensa Nacional .
• La Guardia Nacional no ha pagado un solo peso para la construcción de ninguno de los 190 cuarteles que se han inaugurado hasta el momento ni planea hacerlo en el futuro. Todas las instalaciones han sido pagadas por la Sedena, que además es la propietaria de los inmuebles.
• La Guardia Nacional no ha usado su presupuesto para la adquisición de los materiales, equipo o vehículos que utiliza. En cambio, estos conceptos se han pagado por la Sedena con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.
• El presupuesto de la Guardia Nacional, en lugar de utilizarse para consolidar una fuerza de seguridad independiente, se ha utilizado principalmente para el pago de gastos corrientes, como servicios y materiales.
• El incremento de 70% en los recursos de la Guardia Nacional propuesto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 será asignado mayormente para «Otras erogaciones especiales», por lo que es incierto en qué planean ser utilizadas.”
¿Cuál es el problema de esto? Uno es bastante obvio: contraviene directamente el marco jurídico. En el artículo 21 constitucional, se define a la Guardia Nacional como “una institución policial de carácter civil” ¿Es civil una institución en la que 60% de sus integrantes son militares en activo, que opera desde cuarteles de la Sedena y que depende de las Fuerzas Armadas para la compra de equipo? No en una interpretación razonable.
Por su parte, el artículo 25 de la ley de la Guardia Nacional señala como requisito de ingreso a la corporación “estar funcionalmente separado de su institución armada de origen” ¿Está “funcionalmente separado” del Ejército una persona que cobra sueldo y tiene plaza en Sedena? Solo en una interpretación radicalmente laxa del concepto.
Pero más allá de los formalismos legales, esto genera líneas de responsabilidad cruzadas. Si hay episodios de corrupción vinculadas a la GN, ¿quién sería el responsable político de ese hecho? ¿La secretaria de Seguridad? ¿O el secretario de la Defensa Nacional? ¿O los dos?
Además, esta simulación torpedea una de las grandes virtudes de las Fuerzas Armadas: la estabilidad laboral ¿Dónde trabajan los integrantes de la GN que cobran sueldo en Sedena? ¿Pueden confiar en que se mantienen intactos sus derechos sociales y su antigüedad? Esto es una forma de outsourcing no muy distinta a la que se practicaba en el sector privado y que acaba de ser abolida en una reforma a la legislación laboral.
La situación es insostenible y el propio gobierno lo reconoce. Por eso quiere reubicar a la GN en la Sedena y tratar así de resolver el entuerto administrativo. Pero eso significa ceder por completo y de manera permanente la seguridad pública a una institución que, para todo fin práctico, no está sujeta al control civil.
Ese arreglo nos podría salir muy caro.
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