Hace algunas décadas, la televisión británica transmitía un programa llamado “ Yes, Minister ” (luego transformado en “Yes, Prime Minister”). Era una aguda comedia que satirizaba la vida política del Reino Unido. En un capítulo, ante un problema específico, un personaje elabora lo que luego se conocería como el silogismo del político:
1. Hay que hacer algo.
2. Esto es algo.
3. Por tanto, hay que hacer esto.
Recordé ese intercambio esta semana cuando el presidente del PRI, Alejandro Moreno , propuso como respuesta a la crisis de inseguridad “modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan tener acceso a armas de mayor calibre para que puedan defenderse de la delincuencia.”
¿Y qué hay detrás de esto? ¿Algún estudio de que un incremento en la disponibilidad de armas de fuego se traduzca en una reducción de la incidencia delictiva ? Nada: de hecho, la evidencia disponible a nivel internacional apunta en sentido contrario. No es más que una ocurrencia dirigida a sacar algunos puntos de aprobación entre una población desesperada.
Por otra parte, la Guardia Nacional anunció esta semana en su cuenta de Twitter que “realizamos recorridos de prevención del delito en calles y plazas públicas del municipio de Tehuacán con la finalidad de inhibir hechos delictivos y brindar tranquilidad a la ciudadanía”. Esto abre varias preguntas ¿Esos “recorridos de prevención del delito” efectivamente previenen delitos? ¿Cuántos? ¿Mejoran la percepción de seguridad?
La realidad es que la corporación no sabe y, muy probablemente, ni siquiera se ha hecho esas preguntas. Se hace lo que siempre se ha hecho porque siempre se ha hecho, con o sin evidencia de eficacia.
Buena parte de nuestra política de seguridad y justicia se mueve en esas coordenadas. Tienen el objeto de hacer algo, lo que sea, aunque no haya evidencia concreta o teoría razonable de que ese algo funcione. Lo que se acaba imponiendo es la ocurrencia y la inercia: lo que se sacó alguien de la manga o lo que siempre se ha hecho, sin importar el contexto.
Pero esto no tiene que ser así. Es posible hacer política pública de otra manera, recurriendo a la evidencia y no al pensamiento mágico. Y en México, tenemos ejemplos a la mano. En materia de política social, se cuenta con una institución —el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)— que mide y analiza el impacto de los programas sociales implementados por diferentes dependencias de gobierno.
Hoy, en el estado de Guanajuato, hay una propuesta para retomar esa experiencia para las políticas de seguridad y justicia. La diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha , presentó una iniciativa para crear una Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública, un órgano descentralizado que pasaría por el rasero de la evidencia a las intervenciones de las instituciones estatales y municipales de seguridad y justicia.
Esta es tal vez uno de los proyectos más disruptivos y originales que se han presentado en la materia en años recientes. No es una bala de plata, pero ayudaría enormemente a mejorar la calidad de la discusión y a no conformarse con que se haga algo, aunque ese algo sea un disparate o se haya intentado ya mil veces.
Ojalá así lo vean en Guanajuato. Y ojalá se retome el ejemplo más allá de sus fronteras .
Nota: por principio de transparencia, señalo que compartí —informalmente y sin remuneración alguna— con el equipo de la diputada Ángel algunas ideas para el diseño de la iniciativa. El proyecto es enteramente de ellos, pero es importante que los lectores sepan de mi relación (lejana) con la propuesta.
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