La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice que está dialogando con grupos responsables de actos de violencia. Pero luego su dependencia dice en una serie de tuits que sí, pero que no, que las expresiones (grabadas) de la secretaria son “supuestas”, que el diálogo es con “auténticas organizaciones de autodefensa”. Armadas, eso sí.
Resulta, sin embargo, que el subsecretario Ricardo Peralta, responsable del diálogo de marras, dice que niguas, que solo se reunió con “luchadores sociales” y que se tiene que dejar de “estigmatizar” a poblaciones enteras y que sí, sí están acudiendo con grupos de autodefensa, pero “no necesariamente armados” (es decir, algunos sí, pero otros no).
Ya de remate, el presidente de la República dijo en su conferencia mañanera de ayer que “no consideraba conveniente” tener esos encuentros, que ya habían tratado el tema en el gabinete de seguridad, y que se le había pedido al subsecretario que “se ajuste a lo que establecen la Constitución y las leyes”.
En resumen, el subsecretario de Gobernación hizo algo que no se ajusta “a lo que establecen la Constitución y las leyes”. Eso le pareció bien a su jefa directa, que además es exministra de la Suprema Corte, lo suficiente para salir a presumirlo en un evento que nada tenía que ver con el tema. O tal vez le pareció mal y quiso quemar a su subsecretario. Y, tras notable escándalo, el presidente tuvo que salir a matar el asunto y regañar al subsecretario por brincarse las trancas.
Lo único que se puede poner en claro de este sainete es que la supuesta política de pacificación es iniciativa individual, no estrategia.
Piensen en todo lo que falta en este esfuerzo:
1. No hay parámetros claros para la inclusión o exclusión de un grupo. ¿Con qué grupos se puede negociar y con cuáles no? ¿Qué criterio de selección se usa? Nadie sabe.
2. No hay un marco legal de ningún género para una negociación de este tipo. En consecuencia, los funcionarios involucrados pueden estar incurriendo en responsabilidades al no dar vista de sus encuentros con grupos fuera de la ley a las autoridades correspondientes.
3. No hay un comisionado o representante gubernamental plenamente acreditado para una negociación de este tipo. Después de lo mencionado ayer por el Presidente, queda claro que el subsecretario Peralta no es esa figura.
4. No ha habido un esfuerzo organizado por incluir a los gobiernos estatales en el diálogo con los grupos armados. De hecho, los acercamientos se han hecho en buena medida a espaldas de las autoridades estatales.
5. No hay presencia excepcional de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o la Policía Federal en las zonas relevantes (Michoacán, Guerrero, Tamaulipas). Es decir, el gobierno estaría llegando a una posible negociación sin músculo.
6. No se han hecho previsiones presupuestales extraordinarias para programas de desarrollo alternativo en las regiones relevantes. Una planta agroindustrial en La Huacana o una maquiladora en Hidalgo, Tamaulipas, no empiezan a alcanzar para las necesidades de las zonas o para los requerimientos de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción.
7. No existe ni se ha propuesto la creación de un mecanismo de supervisión externa, ni se está trabajando con actores internacionales para acompañar el proceso.
8. No hay una estrategia de comunicación medianamente coherente. No parece existir ningún tipo de coordinación al interior del gobierno sobre el tema.
Entonces, en definitiva, esto no es serio. Para nada.
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