Conforme pasan los días y se acumula la evidencia, más graves parecen los hechos ocurridos el sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas.
Hasta donde se sabe, los asesinos no salieron en búsqueda de un blanco específico. Más bien, dispararon aleatoriamente, rociando de balas a quien se les cruzase por el camino, matando a 14 seres humanos por estar en el lugar equivocado en un momento fatídico.
Es cierto que no es la primera vez que sucede algo así en el país. Basta recordar el ataque con granadas en la plaza de armas de Morelia en septiembre de 2008. O la masacre de Allende en marzo de 2011. O la ejecución de 20 jóvenes en un centro de rehabilitación de Irapuato en julio del año pasado.
Pero eso no le resta gravedad a lo ocurrido en Reynosa. Allí hubo un ataque directo e indiscriminado a la población civil, con el propósito de generar miedo entre la población y forzar algún tipo de reacción de la autoridad o de algún otro actor criminal. Dicho de otro modo, lo sucedido parece encajar de manera perfecta en la definición legal de terrorismo.
Dado que los ataques sucedieron a un par de kilómetros de la frontera, podría revivir el ya viejo debate sobre la posible inclusión de grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras que mantiene el gobierno de Estados Unidos.
Esa idea ha dado vueltas por los corredores de Washington y la Ciudad de México desde hace años, pero bajo la administración Trump estuvo cerca de ponerse en práctica. El Departamento de Estado llevó a cabo una revisión interagencial y completó el proceso formal para una posible designación, pero eventualmente se decidió no jalar el gatillo.
¿Qué significaría una designación de esa naturaleza? Se podría usar en contra de los grupos designados todo el arsenal legal e institucional que utiliza el gobierno de Estados Unidos en el combate al terrorismo: entre otras cosas, la persecución de proveedores y clientes por “apoyo material al terrorismo”, el congelamiento de una gama amplia de fondos e instrumentos financieros, restricciones migratorias a todos los miembros del grupo en cuestión y restricciones de viaje a muchos otros individuos. Asimismo, pondría al grupo específico no sólo en la mira de las agencias estadounidenses de persecución del delito (DEA, ICE, etc.), sino de toda la comunidad de inteligencia (CIA, NSA, etc.).
El gobierno de México se ha opuesto tradicionalmente a la inclusión de grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Por varias razones, pero una resulta decisiva: una designación de ese tipo reforzaría la narrativa de la ultraderecha estadounidense que describe a nuestro país como un estado fallido, trata al terrorismo y al narcotráfico como fenómenos gemelos, y utiliza esos argumentos para exigir el cierre de la frontera y la restricción a la migración.
Pero un hecho como el de Reynosa debilita la posición mexicana. Cuando hay grupos armados que disparan a mansalva en contra de población civil, se vuelve mucho más difícil hacer la distinción fina entre grupos criminales y organizaciones terroristas. Añádase que Estados Unidos está a meses de volver a entrar en una dinámica electoral, de cara a los comicios de medio término en los cuales es probable que la derecha republicana recupere espacios.
En esas circunstancias, no es improbable que reviva la vieja discusión sobre el carácter de las organizaciones criminales mexicanas y que eso traiga aparejado un endurecimiento de la política estadounidense hacia México. Habrá que estar preparados para las consecuencias.
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