En un video dado a conocer hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó lo siguiente frente a un grupo de ingenieros militares involucrados en la construcción del Tren Maya:
“¿Por qué estamos haciendo todo esto [el Tren Maya]? No solo para impulsar el turismo o el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro, que nunca falten las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro. También para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda”.
No es la primera vez que menciona esta conexión entre las hipotéticas utilidades de uno de sus proyectos predilectos y las pensiones militares, pero nunca había planteado una relación condicional entre ambos conceptos. En ese video, el presidente parece afirmar que el régimen pensionario del personal de las Fuerzas Armadas depende de las ganancias que pueda producir el Tren Maya.
Eso no deja de ser extraño por varias razones.
Primero, las pensiones militares, como las del resto de los servidores públicos, están garantizadas por un mecanismo tripartita de financiamiento, no por los resultados de un (cuestionable) proyecto de infraestructura. De acuerdo a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), las prestaciones sociales para el personal militar, incluyendo las pensiones, se financian mediante: 1) las cuotas que aportan los propios militares, 2) las aportaciones del Gobierno Federal (en su calidad de patrón), y 3) una cantidad anual a cargo del Gobierno Federal, equivalente a un 15% de los haberes, haberes de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esto se puede complementar con las ganancias obtenidas de activos que formen parte del patrimonio de la institución, pero ese es el mecanismo básico de financiamiento. Y, hasta donde se sabe, ha sido más que suficiente para cubrir las obligaciones del sistema.
Segundo, no existe a la fecha un mecanismo para transferir las hipotéticas utilidades del Tren Maya o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al ISSFAM. Hasta donde se ha dado a conocer, las empresas de participación estatal mayoritaria que administrarán esos activos no forman parte del patrimonio del ISSFAM ni existe (por ahora al menos) un convenio para transferirle a ese instituto las utilidades de los proyectos. No queda claro por tanto cómo pretende el Presidente que las posibles ganancias vayan a financiar las pensiones del personal militar.
Tercero, las pensiones militares son una obligación ineludible del Estado y no pueden depender de un hecho contingente (las posibles utilidades del Tren Maya). Hay algo entre insultante y ominoso al sugerir que el Estado mexicano podría violentar los derechos sociales de soldados y marinos si fracasan unos proyectos de infraestructura. ¿Debe entenderse que si el Tren Maya o el AIFA no generan utilidades (algo nada improbable, por cierto), se recortarán las pensiones del personal militar? Espero que no, pero esa es una implicación de la declaración del presidente.
En cualquier métrica internacional, México gasta muy poco en materia de defensa. Creo que hay buenos argumentos para incrementar considerablemente lo que dedicamos a nuestras instituciones militares. Eso debería de incluir una mejoría notable de las condiciones laborales del personal militar, así como un fortalecimiento de sus derechos sociales.
Pero eso tiene que pasar por una discusión presupuestal en el Congreso de la Unión, no por la asignación de utilidades imaginarias de proyectos cuestionables.