El viernes, en una colaboración especial, hice algunos apuntes a bote pronto sobre el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Reitero lo dicho en ese texto: de arranque, no me parece una mala designación. Es mujer, no es primeriza en el sector y es ciertamente preferible a la mayoría de las alternativas que se barajearon para ese puesto.
Pero los atributos y la trayectoria de la nueva secretaria no son el tema a discutir. No el principal al menos. Rosa Icela Rodríguez va a heredar una estructura profundamente disfuncional y, sin importar sus virtudes personales, poco va a poder hacer para enmendarla.
La SSPC tiene amplias facultades en la ley, pero muy pocas en la práctica. La Guardia Nacional es, en términos del marco normativo, un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad, pero en la práctica, no es más que la extensión del Ejército en otra dependencia.
El grueso de sus integrantes tiene plaza y cobra sueldo en la Sedena o la Semar. Todo el reclutamiento es realizado por las Fuerzas Armadas. La construcción de cuarteles e instalaciones de la GN está a cargo de la Sedena, en predios cedidos por gobiernos estatales y municipales a la Sedena. Lo mismo vale para las compras de materiales y equipo. Todos los mandos de la GN son militares, la mayoría en activo, y, como se documentó en un artículo reciente publicado en Animal Político, algunos mantienen cargos en el Ejército.
Peor aún, la Sedena acaba de adquirir, por decisión presidencial, pleno control operativo sobre la GN. A la SSPC, le dejaron algunas unidas especializadas (lo que fue la división científica de la Policía Federal, por ejemplo), pero sujetas a la estructura de la GN, la cual está supeditada a la Sedena.
Desprovista de control sobre su principal instrumento, ¿qué le queda a la SSPC? Las prisiones federales, pero allí el titular es también un militar (en retiro).
El resto es un archipiélago burocrático, mal integrado y con poca coherencia institucional. El Centro Nacional de Inteligencia, antes conocido como Cisen, tiene un importante grado de autonomía y más en este sexenio, dada la cercanía de su titular, el general Audomaro Martínez, con el presidente de la República. Las áreas de protección civil, extraídas de la Secretaría de Gobernación a inicios del sexenio se manejan con su propia inercia, sin mucha comunicación con las áreas de seguridad de la Secretaría. El Servicio de Protección Federal pesa muy poco, presupuestal y administrativamente. Lo mismo vale para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y más a partir del año que entra, cuando desaparezca el Fortaseg, un fondo de subsidios para la seguridad pública en el ámbito municipal.
En estos dos años, con su brazo operativo amputado en la práctica, la SSPC se ha vuelto un espacio de pequeñas agendas de nicho, algunas relevantes, otras no tanto. No es, ni de cerca, el ente donde se conduce la política de seguridad del gobierno federal.
Ese hecho no va cambiar en el corto plazo. El presidente ya hizo una apuesta por las Fuerzas Armadas y la vía militar. La SSPC pesa poco en ese diseño, sin importar quién sea la presida.
Dado lo anterior, hay que dejar de obsesionarse con la trayectoria de la nueva secretaria y empezar a discutir el desarreglo institucional del sector. Eso es lo importante.
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