“Cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal”.
Esa peculiar (y no muy aceptada) teoría jurídica es obra de Richard Nixon, el único presidente de Estados Unidos forzado a dejar su cargo antes de finalizar su mandato. La formuló durante una célebre entrevista concedida al periodista David Frost en 1977 como respuesta a una pregunta sobre su papel en el escándalo de Watergate.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una intuición similar el viernes pasado, durante el intercambio que sostuvo con Nayeli Roldán, reportera de Animal Político.
Al ser interrogado sobre la intervención de comunicaciones a Raymundo Ramos, un activista de derechos humanos de Tamaulipas, realizada aparentemente por la Sedena, el presidente afirmó que “se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto.”
Ante eso, Nayeli Roldán hizo la pregunta de seguimiento obvia: “¿cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que mencionó usted, y espionaje?”
La respuesta es una joya: “Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años… Inteligencia tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos.”
(En medio de las dos definiciones, hubo una larga referencia a un reporte de la DFS, elaborado en 1979 y el que se mencionaba al hoy presidente de la república).
Esa conceptualización se puede desmenuzar de varias maneras, pero se reduce a lo siguiente: espionaje es lo que nos hicieron a nosotros, inteligencia es lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es, por definición, justo, noble y legítimo.
Cuando el presidente lo hace (este presidente, claro está), eso significa que no es ilegal.
Salvo que sí lo es. Lo que sabemos hasta ahora, revelado por la serie de reportajes titulados “Ejército Espía”, es que el teléfono de Raymundo Ramos fue intervenido por una instancia de la Sedena conocida como Centro Militar de Inteligencia y que nadie obtuvo una autorización judicial para hacerlo.
En medio de su trastabilleo del viernes, el presidente sugirió que la intervención pudiera no haber sido realizada por la Sedena, sino que “puede ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata”, refiriéndose al titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen .
De ser cierto (cosa que los documentos conocidos hasta ahora no avalan), cambiaría un poco la situación, pero no necesariamente para bien. Se obviaría la discusión sobre la existencia de facultades legales para intervenir comunicaciones (el CNI claramente las tiene), pero no la pregunta siguiente: ¿la intervención fue autorizada por un juez, tal como manda la Constitución y la ley? De ser el caso, ¿por qué no presentar la autorización correspondiente (debidamente testada) y cerrar la discusión?
Pero, además, ¿por qué una instancia de seguridad nacional le estaría dando seguimiento a Raymundo Ramos? ¿Por presuntos vínculos con el crimen organizado? Pues de ser el caso, ¿por qué la intervención no fue realizada por la FGR o la Guardia Nacional como parte de una carpeta de investigación?
La realidad es que, haya sido el CMI o el CNI, este caso revela que el actual gobierno interviene comunicaciones de personas por razones distintas a una investigación criminal. Y eso podría tener justificación, pero la barra argumentativa para hacer algo así es considerablemente más alta.
No basta con llamarle “inteligencia” o “investigación”, en vez de “espionaje”.
Eso sería nixonismo puro.
Twitter: @ahope71
