Ecuador es un país que parece atrapado por la geografía. Perú al sur, Colombia al norte, casi en el centro de la economía de la cocaína. Sus fronteras son porosas y su territorio es de difícil control. Sus condiciones sociales tampoco son muy favorables. Su PIB per cápita es de apenas 6,000 dólares, el tercero más bajo de Sudamérica, apenas arriba de Bolivia y Venezuela. Uno de cada diez ecuatorianos sobrevive con menos de un dólar al día.
Añádase a lo anterior una historia política convulsa en tiempos recientes. Entre 1996 y 2007, el país tuvo siete presidentes distintos. Entre 2007 y 2017, sólo uno, Rafael Correa, pero con tentaciones autoritarias: bajo su mandato, la polarización se volvió el sello de la política ecuatoriana.
Dados esos antecedentes, uno supondría que Ecuador estaría sumido en una espiral de violencia. Uno se equivocaría: la tasa de homicidio de ese país sudamericano disminuyó de 18 a 5.8 por 100 mil habitantes entre 2011 y 2017. Con la excepción de Chile, Ecuador se ha convertido en el país más pacífico de América Latina.
¿Cómo lograron ese milagro? Los especialistas señalan dos fenómenos. En primer lugar, un esfuerzo sostenido de reforma policial.
Ecuador cuenta con una policía nacional con una larga historia de corrupción, politización e ineficacia. Sin embargo, en 2011, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, inició un notable proceso de transformación institucional. Se apostó por mejorar los procesos de reclutamiento y capacitación: la formación inicial pasó de nueve a 18 meses y se estableció como requisito contar con un título universitario para acceder a puestos de mando. Los sueldos mejoraron dramáticamente: la escala salarial empieza ahora en 1,000 dólares al mes, cuatro veces que en 2011. Los policías ecuatorianos son ahora los mejor pagados de la región. Asimismo, se hizo una inversión considerable en tecnología y análisis de datos.
Por otra parte, la corporación adoptó prácticas de policía comunitaria. Se establecieron miles de módulos en todo el país para recibir quejas de la ciudadanía y se generaron vínculos con miles de representantes vecinales.
La policía ecuatoriana no es perfecta, ciertamente. En 2017, enfrentó un escándalo de corrupción por la supuesta venta de plazas que alcanzó al director de la corporación. Pero, con todo, los resultados son notables.
A la par de los cambios institucionales, Ecuador se ha embarcado en un fascinante experimento de inclusión social. En 2007, inició un proceso de legalización de pandillas juveniles: se les dio la alternativa de convertirse en asociaciones civiles, con plena personalidad jurídica. Para inducirlos a transformarse en entes legales, se les ofreció un generoso paquete de incentivos económicos y acceso a programas sociales. La ventaja de ofrecer una salida grupal y no individual permitió mantener la identidad colectiva de las pandillas, pero reorientarla hacia actividades legales. Los resultados han sido asombrosos. Citando a un estudio del BID sobre el programa, “la violencia entre pandillas se redujo notablemente, los niveles de homicidios descendieron y las pandillas antes antagónicas empezaron a cooperar entre ellas.”
¿Es replicable el modelo en otras latitudes? No enteramente, pero sí arroja varias lecciones útiles: 1) la reforma institucional puede arrojar resultados rápidamente, 2) la prevención funciona mejor cuando se enfoca en grupos que ya están en conflicto con la ley, y 3) las intervenciones deben tratar de equilibrar garrote y zanahoria, poder coercitivo e incentivos positivos.
Sobre todo, el milagro ecuatoriano muestra que no hay mejor arma contra la violencia que la imaginación.
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