El jueves pasado, los municipios de Guaymas y Empalme, ubicados en el sur de Sonora, fueron escenario de un paseo macabro: un grupo de sicarios, viajando en un convoy de cinco vehículos, asesinó a dos personas, secuestró a otra e incendió cuatro casas.
No fue el primer ataque similar de las últimas semanas en la región. El 10 de septiembre, tres personas murieron, incluyendo a un niño de ocho años, luego de que unos pistoleros secuestraran a un joven en Empalme, rociaran de gasolina la casa y le prendieran fuego. Una bebé de dos años se encontraba también en la vivienda y sufrió quemaduras graves.
Dos semanas antes, en el mismo municipio, seis personas, incluyendo a un menor de edad, fueron acribilladas en un camino rural luego de una carrera de caballos.
Esas son solo algunas viñetas de la oleada de violencia que recorre a Sonora desde hace tres años. Entre 2016 y 2018, la tasa de homicidio en ese estado pasó de 20 a 31 por 100 mil habitantes, según datos del Inegi. Y 2019 apunta a ser mucho peor: el número de víctimas de homicidio doloso y feminicidio aumentó 57% en los primeros ocho meses del año comparado con el mismo periodo de 2018.
¿Qué hay detrás de esta marejada de sangre? Según versiones de la prensa local, la escalada de violencia estaría vinculada a un conflicto entre dos grupos criminales: la banda de los Salazar, originaria de Navojoa, y la banda de Fausto Isidro Meza, alias el Chapo Isidro. Ese individuo estuvo durante años en la órbita de los Beltrán Leyva y sería ahora un aliado del Cartel de Jalisco Nueva Generación.
En disputa está el control del tráfico de cocaína y metanfetaminas hacia la frontera con Estados Unidos, pero también la renta que aún deja el huachicol: a finales de julio, se encontró un campamento en el municipio de La Colorada, cerca de Hermosillo, con 46 mil litros de combustible robado. Está también la combinación habitual de secuestro y extorsión, tanto en la modalidad presencial como en la telefónica.
No es casualidad por tanto que la percepción de seguridad se haya deteriorado gravemente en Sonora. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), el porcentaje de personas que se siente insegura en Hermosillo pasó de 62.9% en marzo a 75.6% en junio.
En el origen de esta crisis, hay una ausencia notable de recursos en las instituciones de seguridad y justicia. En 2017, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, Sonora contaba con apenas 829 policías estatales. Asimismo, el Estado contaba con algo más de 4200 policías municipales. Es decir, en total, 5000 policías aproximadamente para cubrir un territorio de 179 mil kilómetros cuadrados.
El propio gobierno federal ha reconocido esa debilidad institucional. A inicios de septiembre, anunció una intervención en las policías municipales de Guaymas y Empalme, y en una segunda etapa, en las de Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Según el anuncio de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, las corporaciones serán depuradas, los mandos serán sustituidos por militares y la seguridad pública en esas comunidades quedará temporalmente en manos de las Fuerzas Armadas.
¿Servirá una intervención de ese tipo, similar a la intentada en muchos otros estados en muchos otros momentos desde hace trece años? Ojalá, pero tengo mis dudas. En ausencia de liderazgos locales que asuman la responsabilidad por la seguridad, cualquier mejoría que pueda proveer una intervención federal es frágil y temporal.
Y, por ahora, esos liderazgos no se ven por ningún lado.
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