Hace unos días, en sorpresa sabatina, surgió la noticia de la posible liberación de Héctor ‘El Güero’ Palma, un legendario narcotraficante sinaloense recluido desde hace años en el penal federal del Altiplano. La información movilizó rápidamente a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual obtuvo una orden de arraigo, retrasando por al menos 40 días la posible puesta en libertad del personaje.
La veloz reacción de la FGR se explica como un intento (comprensible) de evitar otro caso como el de Rafael Caro Quintero, liberado sorpresivamente en 2013. Ese inesperado desenlace de un larguísimo proceso judicial fue una carambola a varias bandas. Provocó la furia de la DEA, dado el papel estelar que jugó Caro en la tortura y asesinato de Enrique Kiki Camarena, permitió el regreso de un viejo jefe a las grandes ligas del narcotráfico, y desestabilizó la frágil coalición conocida desde fuera como Cártel de Sinaloa.
Este asunto, sin embargo, es distinto. En primer lugar, el Güero Palma tiene 80 años, casi veinte más de los que tenía Caro al salir de prisión. Con ocho décadas en la espalda y la salud mermada después de un cuarto de siglo en prisión, cuesta trabajo suponer que está en condiciones de retomar una carrera criminal y alzarse con una posición de liderazgo en el mundo del narcotráfico.
En segundo término, las autoridades estadounidenses no están en posición de quejarse en este caso. Héctor Palma fue extraditado a Estados Unidos en 2007, recibió una sentencia condenatoria y cumplió una pena de prisión en ese país. Por eso, fue enviado de regreso a México en 2016. Dado ese hecho, ¿con qué cara podrían las agencias estadounidenses quejarse si esta persona es puesta en libertad en México?
¿Pero no tiene Palma todavía deudas con la sociedad? ¿No traficó cientos de toneladas de drogas? ¿No ordenó la muerte de muchas personas? ¿No es responsable de incontables actos de violencia? Es muy posible. Pero una cosa es lo que sospechemos y otra lo que el ministerio público pueda probar en un juzgado.
El hecho de que la FGR haya recurrido al arraigo, una figura jurídica altamente controversial que le permite a las autoridades detener a una persona sin acusarla de nada durante un periodo de hasta 80 días, sugiere que (por ahora) no hay mucho más que sospechas en contra de Palma y que los indicios con los que se cuentan son más bien frágiles. Eso no tiene nada raro: Héctor Palma no ha pisado la calle desde 1995. En algunos de los delitos que pudo haber cometido antes de esa fecha, probablemente ya operó la prescripción. En otros, los posibles testigos ya murieron o las pruebas se perdieron en la bruma de los tiempos y la corrupción histórica de las fiscalías.
Siempre es posible que en el periodo de arraigo encuentren algo que sea suficiente para sostener una acusación penal. Pero si no le pueden comprobar nada, si no hay indicios para sujetarlo a proceso, habrá que liberarlo: no por presunto narco pierde sus derechos ciudadanos. Si no se le puede demostrar su culpabilidad, la ley lo tiene que tratar como inocente.
¿Es chocante que un jefe histórico del narcotráfico quede en libertad? Sin duda, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Mantenerlo a toda costa en prisión, sacrificando la ley y la Constitución, y hacerlo además en el caso de un hombre octogenario que ya pasó 26 años tras las rejas?
Creo que, como mínimo, el asunto merece más reflexión que la que se le ha dado hasta ahora.
@ahope71
