En México, el Estado de Derecho es algo así como la vida extraterrestre: suponemos que puede existir, pero nadie lo ha visto.
La ilegalidad, la impunidad y la injusticia son las marcas dominantes de la vida nacional. No hay habitante de este país que no tenga docenas de historias sobre abusos y atropellos, cometidos lo mismo por autoridades que por particulares, para los cuales no hay remedio en el sistema de justicia formal.
Sin embargo, no todo el país es igual. Hay estados con más o menos límites al poder, con más o menos acceso a la justicia, con más o menos corrupción. Entender esas diferencias es absolutamente crucial para calibrar juicios de valor, identificar mejores prácticas, ubicar espacios de mejora y poner presión debida en las autoridades correctas.
Por esas razones, debe celebrarse la publicación del Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 por parte del World Justice Project, una organización internacional, independiente y multidisciplinaria dedicada a la promoción del Estado de Derecho en el mundo. En México, cuenta con un equipo destacadísimo de especialistas que llevan ya varios años tratando de ponerle números, rigor y análisis al tema.
Su producto estrella es el índice que acaban de publicar. Ahora en su segunda edición, el instrumento mide el desempeño institucional de los estados en ocho factores relevantes para el Estado de Derecho: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil, y 8) justicia penal.
Dentro de esos ocho cajones, ubican 42 variables que van desde la eficacia de los contrapesos al poder ejecutivo hasta la transparencia de las compras públicas, pasando por el nivel de corrupción en las policías y el grado de respeto a los derechos de propiedad. Usan tres instrumentos de medición: 1) encuestas a población abierta (con 25 mil casos en muestra), 2) consultas con especialistas (2,600 en este caso), y 3) fuentes terciarias. Los resultados se agregan en un índice (y subíndices por factor), con escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho.
Estos son algunos de los principales hallazgos del reporte:
1. Al igual que en la edición anterior (2018), ningún estado obtuvo una calificación superior a 0.5. Es decir, aún los estados en la parte alta de la tabla tienen espacio importante de mejora (por decirlo de manera suave).
2. Los estados con los puntajes más altos fueron Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados lideraron el ranking en 2018. Los estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35).
3. La buena noticia es que, entre 2018 y 2019-2020, los puntajes aumentaron en 15 estados. La mala noticia es que descendieron en 11 y permanecieron sin cambios en seis.
4. Los puntajes del factor 5 (orden y seguridad, el cual mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades) descendieron en 19 estados.
5. La puntuación del factor 1 (límites al poder gubernamental, que mide si los contrapesos limitan el actuar de los gobiernos estatales) aumentó en 26 estados del país.
En conclusión, el Estado de Derecho sigue siendo una quimera en la mayor parte del país. Pero a la par de terribles retrocesos, hay avances notables en algunos estados. Y eso, bien que mal, permite imaginar un país donde la justicia no sea animal mitológico.
Nota: pueden consultar el reporte en esta dirección: http://bit.ly/2wg0gEY.
