El Inegi tiene la buena práctica de producir periódicamente documentos de análisis que agrupan múltiples estadísticas sobre temas específicos.
La semana pasada publicó una serie de cuadernos analíticos sobre el estado de los gobiernos municipales. Uno de ellos está dedicado al rubro de seguridad pública, justicia y buen gobierno. Los datos que presentan son profundamente interesantes y reveladores. Va una selección:
1. En todas las instituciones municipales encargadas de la seguridad pública, tenían un personal total de 189,498 personas en 2020. Pero de ese total, se podía considerar como estado de fuerza (mandos y policías) a 172,213 elementos. Dividido entre los 2,370 municipios que proporcionaron información, eso equivale a 73 policías por municipio en promedio.
2. Medido en términos relativos, hay 1.4 policías municipales por 1,000 habitantes. No hay una regla fija para determinar el número ideal de policías, pero dadas las múltiples funciones que ejercen los policías municipales (más que los estatales o la Guardia Nacional), ese dato parece relativamente bajo. Más preocupante es el hecho de que no ha crecido mayormente el estado de fuerza de las policías municipales: el total de 2020 era casi idéntico al de 2012.
3. La policía municipal sigue siendo un ámbito dominado por hombres. En 2020, las mujeres representaban 21.4% del personal que laboraba en las instituciones municipales de seguridad pública. Entre los mandos, la desproporción era aún mayor: las mujeres ocupaban solo 10.4% de las posiciones de liderazgo en las policías municipales.
4. Las condiciones laborales en las policías municipales siguen siendo difíciles. Hasta 2020, 92.4% del personal que laboraba en esas instituciones tenía remuneraciones mensuales inferiores a 20,000 pesos. De ese total, casi la mitad ganaba menos de 10,000 pesos al mes. Por otra parte, 28.2% del personal policial municipal no estaba inscrito a ninguna institución de seguridad social. Buena parte de ese personal que no recibe prestaciones ni seguridad social se ubica en municipios rurales, muchos ellos regidos por usos y costumbres. En los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Tlaxcala, más de 60% de los elementos de las corporaciones municipales no tienen acceso a seguridad social.
5. Esas condiciones laborales son producto de presupuestos exiguos. En 2020, las policías de 1,989 municipios para los que se obtuvo información ejercieron 60,073 millones de pesos. Eso equivale a 597 pesos por habitante. De ese total, 55% fue a pagar la nómina y la seguridad social del personal. Todo lo demás —equipamiento, infraestructura, capacitación, etc.— recibió apenas 27 mil millones de pesos. Eso se traduce en 13.5 millones de pesos por municipio en promedio, para todo salvo las remuneraciones de los y las policías. Además, la variación regional en los presupuestos es enorme. Los municipios de Colima o Baja California tienen un gasto promedio por habitante tres veces mayor que el registrado en los municipios de Campeche o Zacatecas.
6. Con esos presupuestos, las policías municipales tienen que hacer muchísimo. En 2020, 2,114 municipios que proporcionaron información registraron 1,712,543 puestas a disposición de personas ante juzgados cívicos y ministerios públicos. De ese total, solo 10% fue ante el ministerio público, pero de cualquier manera ese total es 20 veces mayor al registrado por la Guardia Nacional ese mismo año.
En resumen, tenemos que poner más atención en las policías municipales. Hacen mucho con pocos elementos y escasos recursos. Esa realidad tiene que cambiar.
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