Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está entre los planes de la actual administración federal la creación de una empresa, dependiente de las Fuerzas Armadas, para administrar una serie de aeropuertos, incluyendo el de Santa Lucía, así como algunos tramos del Tren Maya.
A primera vista, la idea es mala. En una segunda inspección, es pésima. Y cuando se le mira a detalle, es catastrófica.
Consideren lo siguiente:
1. En la medida en que las dependencias militares tengan fuentes propias de financiamiento, no dependientes del presupuesto federal, se va a debilitar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. Y eso en un país donde ya hay un nivel enorme de autogobierno en el estamento militar. No está de más re cordar que, de 1946 a la fecha, no ha habido un solo titular de la Sedena que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio en el que sirvió.
2. En la concepción del Presidente, las utilidades del tren y los aeropuertos irían directamente a las Fuerzas Armadas y se destinarían a financiar las pensiones y jubilaciones del personal militar. Hay, por supuesto, un pequeño problema: ¿qué pasa si no hay utilidades? ¿Las pérdidas tendrían que ser cubiertas por los pensionados y jubilados militares? ¿Se descontarían del presupuesto de la Sedena y la Semar? ¿O más bien se le cargarían al presupuesto general del gobierno federal? Yo apostaría por lo último. En esa circunstancia, no habría muchos incentivos para la eficiencia en la empresa ferroviaria y aeroportuaria de las Fuerzas Armadas.
3. Mientras más se expanda la actividad empresarial de las Fuerzas Armadas, se van a incrementar sus vínculos con actores económicos. Como administradores de un tren o de aeropuertos, entrarían en contacto con centenares o miles de contratistas, pequeños, medianos y grandes, que hoy no tienen vínculo alguno con la Sedena o la Semar. Cada una de esas interacciones multiplicaría las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad y la imagen de las Fuerzas Armadas.
4. La opacidad presupuestal y administrativa de las Fuerzas Armadas es legendaria. La Sedena y la Semar se pueden escudar, más que cualquier otra dependencia, en argumentos de seguridad nacional para limitar el acceso a la información pública. Y a esas dependencias se les propone dar el control de activos (el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya), sobre los cuales va a haber una exigencia enorme de transparencia. De arranque, no es buena señal de que va a haber apertura para el escrutinio de esos proyectos.
5. La creación de una empresa como la que se está proponiendo es la ruta a la politización de las Fuerzas Armadas. De hecho, el presidente López Obrador señaló explícitamente que ese es el objetivo del proyecto. Afirmó que se le daría la administración de la empresa a los militares para que “no haya la tentación de privatizar”. Dicho de otro modo, se busca que, si un futuro gobierno decide (por la razón que sea) vender esos activos, enfrente la oposición de las Fuerzas Armadas. Se pretende que el estamento militar se involucre activamente en asuntos de política económica, a la manera de Paquistán o Egipto. Desde la perspectiva del control democrático sobre las Fuerzas Armadas, lo que propone el Presidente sería malísima noticia.
En resumen, convertir a las Fuerzas Armadas en un actor empresarial puede meter al país en una dinámica política lamentable y socavar en el mediano plazo el prestigio del Ejército y la Marina. No juguemos con fuego.
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