Ayer fue el primer día hábil luego del 20 del mes. En otros sexenios, las estadísticas mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se habrían publicado sin mayor fanfarria en la página oficial de ese organismo público.
En este sexenio, la publicación de esas cifras de incidencia delictiva depende no del interés público, sino de la agenda de la mañanera. Ya se ha vuelto costumbre que se adelante o se retrase la presentación de la información del SESNSP dependiendo de qué temas quiera discutir el presidente.
Siendo sincero, no es algo particularmente serio tener las cifras el 18 o el 20 o el 23 del mes correspondiente. El retraso o el adelanto de unos días no cambia mucho el análisis que se puede hacer con esos datos.
Pero sí es revelador de una tendencia más preocupante: para el actual gobierno, los datos tienen valor no como información pública, sino como propaganda. Se usan para acomodar una narrativa y reforzar un mensaje, no para tener una discusión razonada sobre la política de seguridad.
Por eso hacen lo que hacen: mover la fecha de presentación de datos oficiales para acomodar las necesidades de agenda de Palacio Nacional, realizar comparaciones arbitrarias entre periodos dispares (como hacen, por ejemplo, con las cifras de homicidios, contrastando sexenios completos con el actual periodo de gobierno), presentar gráficas engañosas que muestran siempre una línea de tendencia negativa, cualquiera que sea el número correspondiente, no dar contexto ni definir las cifras expuestas (no explicar que son los delitos federales, por ejemplo), etc.
Todo esto se hace además con cifras que ya eran cuestionables. No está de más recordar que el SESNSP construye sus datos con carpetas de investigación. Es decir, con la excepción del homicidio, miden el número de denuncias, no el número de delitos. De arranque, solo el 6% de los delitos se denuncian y son parte de una carpeta de investigación. Lo que muestra la secretaria de Seguridad todos los meses no es más que una métrica administrativa: cuánto papel se mueve de un lado a otro en el Ministerio Público. Dice poco sobre cuántos delitos se cometen, no dice nada sobre la experiencia de las personas con el delito.
Pero si además ese indicador altamente imperfecto y terriblemente sesgado se pone al servicio de la propaganda, la utilidad de los datos se vuelve cercana a cero. Ya ni siquiera tendrían que esperar a la producción de las cifras oficiales del SESNSP: podrían poner números totalmente inventados y tendría exactamente el mismo efecto.
A estas alturas del sexenio, es francamente absurdo pedir que cambien la manera como se presentan las cifras de incidencia delictiva. Van a seguir con su presentación robótica y sus datos de caramelo, pase lo que pase. No buscan ni pretenden tener una conversación seria sobre el tema.
Pero tal vez en el siguiente gobierno se abra una oportunidad para tener otra aproximación a los datos. De arranque, se podría asegurar que la información oficial se libere siempre en fechas fijas, sin importar la agenda comunicacional del gobierno. También, se podría garantizar que, como sucede con el Inegi, los datos sean liberados en primera instancia por el órgano que los compila (el SESNSP en este caso) y no por la SSPC o la Sedena.
Más de fondo, podríamos dejar de suponer que las cifras del SESNSP nos dicen algo particularmente relevante en un país en el que los delitos rara vez se denuncian.
Necesitamos mejores datos y menos propaganda.