Antes de que presuman desde el gobierno, les adelanto que, considerando las cifras disponibles hasta hoy, el total de homicidios en noviembre disminuyó significativamente con respecto a octubre. Medido en promedio diario, la caída se va a ubicar en torno a 14%. Y en contraste con noviembre de 2021, la reducción va a ser cercana a 8%.
Es más, estimo que, comparado con noviembre de 2018, último mes de la administración Peña Nieto, el número de homicidios cometidos el mes pasado se va a ubicar 10 a 12% abajo.
Todo eso lo celebro: siempre es bueno tener menos muertes violentas, cualquiera que sea la causa.
Pero me parece que sería preferible saber la causa.
Desde el gobierno federal han alegado que dos políticas públicas específicas han estado detrás de la ligera disminución que hemos visto en el último año.
En primer lugar, la intensificación del despliegue militar en el territorio, ya sea por vía directa o por el intermedio de la Guardia Nacional (GN). Podría ser, pero tengo mis dudas. No existe ninguna evidencia de una disminución en los niveles de impunidad en materia de homicidio con un incremento en la presencia federal. De hecho, como se ha comentado en esta columna en diversas ocasiones, la GN no investiga el delito de homicidio: en 2020, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, puso a disposición del Ministerio Público a 6 personas por el delito de homicidio doloso.
¿Pero no podría haber un efecto disuasivo? ¿Menos homicidios por simple presencia militar? Para evaluar esa teoría, tendríamos que contar con información mucho más granular sobre despliegue militar, saber cuántos elementos de la GN, el Ejército y la Marina hay desplegados en cada municipio. Está por demás decir que esa información no es pública.
Pero, aunque lo fuera, probablemente sería insuficiente para demostrar algún tipo de causalidad. Asumiendo que no hay un efecto mágico, tendríamos que saber qué hacen las fuerzas federales a gran nivel de detalle. Si patrullan, ¿dónde lo hacen? Si ponen retenes, ¿dónde los colocan? Si hacen detenciones, ¿de quién se trata? Y a partir de allí, construir una teoría del cambio que vincule la mayor presencia federal con una disminución de homicidios. De nuevo, nada de eso existe.
En segundo término, el gobierno ha insistido en la importancia y eficacia de los programas sociales. Atender las causas, le llaman. Puede haber algo allí, pero de nuevo, probarlo requeriría información muchísimo más detallada sobre la distribución geográfica de programas sociales (y habría que determinar cuáles son pertinentes), para luego cruzarla con datos de homicidio a nivel municipal. Nada de eso se encuentra disponible públicamente.
¿Y los gobiernos estatales y municipales? Yo creo que hay allí una serie de posibles explicaciones, sobre todo si se considera que ni los incrementos ni las caídas en el número de homicidios son homogéneas a lo largo del territorio y que se requiere una disminución (o un incremento) solo en unos cuantos municipios para que se note en los números nacionales. ¿Pero cuáles son en concreto esas posibles explicaciones estatales o municipales? No lo sabemos del todo.
Y no lo sabemos porque este gobierno está repitiendo una mala práctica de administraciones previas: no documentar adecuadamente lo que hace. Entre 2010 y 2012, los homicidios en Ciudad Juárez disminuyeron 90%. Y entre 2016 y 2018, lo mismo sucedió en Baja California Sur. En ambos casos, no hay una explicación plenamente satisfactoria y, por lo tanto, poco aprendizaje y pocas oportunidades de replicar lo que se hizo bien.
Me temo que nos vamos a quedar igual con las actuales autoridades.
Twitter: @ahope71