El recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto pintado de verde oliva.
Su construcción corrió a cargo de ingenieros militares, en predios que ya eran propiedad de la Sedena o que le fueron entregados en los últimos tres años. Pero allí no acaba la participación militar: la administración del aeropuerto estará a cargo de una empresa de participación estatal mayoritaria, sectorizada en la Sedena y denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S. A. de C. V. Su titular es un oficial en retiro, el general brigadier Isidoro Pastor Román .
Más importante, las tres cuartas partes de las utilidades del aeropuerto irán, según lo afirmado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos meses, al financiamiento de las pensiones y jubilaciones del personal militar.
La administración militar de una obra con fines civiles preocupa, pero es la conexión presupuestal lo que debería de encender todas las alertas. Para que el AIFA tenga utilidades, tiene que crecer considerablemente el volumen de vuelos y viajeros que pasan por esa terminal aérea. Según lo señalado por el general Pastor, el punto de equilibrio financiero se alcanzará cuando el AIFA tenga 120 operaciones al día, equivalentes a 5 millones de pasajeros al año.
Para llegar a esa meta y empezar a generar utilidades que alimenten las pensiones militares, tienen que suceder varias cosas. Entre otras, la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) del AIFA tiene que ser considerablemente menor que la del AICM durante un buen rato. Asimismo, tienen que establecerse restricciones a nuevas operaciones en el AICM y generar así un incentivo para que las aerolíneas abran más vuelos en el AIFA .
La conexión presupuestal produce un potente estímulo para que la Sedena se involucre en asuntos que francamente no le competen, como la política tributaria o la política de comunicaciones y transportes.
Pero, además, crea un candado para decisiones futuras. Si resulta que el AIFA no resuelve el problema de conectividad aérea de la Ciudad de México y algún gobierno futuro decide, por ejemplo, retomar el proyecto de Texcoco, va a enfrentar la oposición de las Fuerzas Armadas.
De hecho, ese es el propósito explícito de entregar la administración y las ganancias del AIFA (y de otros proyectos de infraestructura como el Tren Maya o los proyectados aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal). En noviembre pasado, el presidente López Obrador afirmó lo siguiente: “Entonces, quiero también aprovechar para decirle a la gente de que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles’ el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumal, el nuevo aeropuerto de Tulum, van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si estos bienes se lo dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida… Se va a establecer que el 75 por ciento de las utilidades de todos estos complejos va a ser para el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y 25 por ciento para el pago de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, las utilidades. Esto nos va a garantizar que no se privaticen estas obras.”
Es decir, se pretende crear una suerte de veto militar a decisiones que quieran tomar gobiernos futuros. O al menos un incentivo a la insubordinación militar frente al poder civil.
Eso es todo menos un arreglo democrático.
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