La escena parece sacada de una narcoserie: un juez es ultimado frente a sus dos hijas pequeñas, sin que nadie pueda hacer nada por detener el terrible hecho.
Esto, sin embargo, es realidad, no ficción. A principios de esta semana, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue asesinado junto a su esposa en la ciudad de Colima.
Sobre el hecho, aún sabemos poco. Queda claro que no fue asalto ni intento de secuestro: lo ocurrido tiene toda la pinta de una ejecución dirigida ¿El móvil? Se ignora aún, pero la agresión podría estar conectada con alguna sentencia del juez Villegas, conectada con casos de delincuencia organizada.
El caso no es único, pero sí es raro. Antes del incidente de esta semana, el más reciente homicidio de un juzgador federal había ocurrido en octubre de 2016. Y previo a ese hecho, hay que remontarse a 2006, al asesinato del juez René Hilario Nieto, ordenado, según versiones de la época, por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo.
En medio, se han registrado algunos atentados fallidos. En 2010, se produjo una agresión a balazos contra un juez federal en Nayarit. En 2015, un juez federal en Jalisco recibió una herida de bala, presuntamente como resultado de un asalto.
La relativa escasez de estos ataques no es casualidad. El Poder Judicial Federal tiende a proteger bien a sus integrantes. Aproximadamente uno de cada 20 jueces y magistrados federales tienen escolta armada y vehículo blindado. De hecho, según ha trascendido en estos días, el juez Villegas se contaba en esa lista hasta su traslado de Jalisco a Colima. En ese momento, habría renunciado a la protección institucional, según información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Además de medidas de seguridad física, el CJF cuenta con un protocolo para cambiar de adscripción a jueces o magistrados que son víctimas de amenazas o actos de intimidación. Esto incluye el traslado rápido de las familias de los juzgadores.
En el espacio local, los jueces no cuentan con el mismo nivel de protección y los atentados son mucho más comunes. Va una lista incompleta de casos recientes:
1.En diciembre de 2019, un juez del fuero común en Ciudad Victoria, Tamaulipas, presuntamente por pistoleros del Cártel del Noreste.
2.En noviembre de 2019, un juez local del estado de Jalisco fue asesinado junto a un secretario de acuerdos y un exfuncionario del Poder Judicial estatal en Guadalajara.
3.En septiembre de 2018, fue asesinado un juez del Estado de México en el municipio de Atlacomulco.
Esa es solo una lista incompleta de atentados letales. Otras formas de intimidación son mucho más frecuentes. En los poderes judiciales locales, abundan las historias de amenazas frontales y actos de violencia directa en contra de jueces y magistrados.
Dicho de otra manera, el aparato de impartición de justicia, sobre todo en el ámbito local, está bajo asedio continuo. Y eso puede tener consecuencias graves: si los jueces no se sienten seguros, todo el sistema se puede paralizar. Si pueden ser víctimas de un atentado como resultado de sus decisiones, van a cuidar lo que deciden. Eso se traduce en una palabra: impunidad.
Por otra parte, si la amenaza de plomo es creíble, la oferta de plata se vuelve más atractiva. Si se permite la intimidación, la corrupción sigue inevitablemente.
Dada lo anterior, es absolutamente indispensable garantizar que el ataque en contra de un juez no quede impune. Asimismo, se requiere revisar en el Poder Judicial todos los protocolos de seguridad para reducir la probabilidad de nuevos atentados.
El principio básico es simple: si no se aseguran seguridad e integridad de los juzgadores, no hay justicia posible. Punto.
