La ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, acaba de vivir un fin de semana de terror. El sábado, se produjeron diversos enfrentamientos entre grupos delictivos y la policía. La balacera duró varias horas y dejó al menos siete muertos: cuatro policías y tres presuntos delincuentes.
Dejó algo más: una estela de temor que aún no se disipa del todo. El domingo, las calles lucían vacías, la mayoría de los comercios estaban cerrados, diversos eventos se cancelaron, los taxistas se negaban a dar servicio a nadie que no fuera conocido. Y por las redes sociales corrían rumores de nuevos enfrentamientos, extendidos ahora a municipios aledaños.
Para el lunes, el gobernador Cuitláhuac García aseguraba que todo estaba bajo control: “Ya tenemos plenamente identificados a los agresores, lamentamos mucho desde luego las pérdidas humanas. Fue una agresión directa y no vamos a permitir que la población esté en la zozobra por estos grupos delictivos”. Asimismo, el gobierno del estado anunció la detención de dos de los supuestos agresores y la incautación de tres camionetas y múltiples armas.
¿Tema resuelto entonces? Lo dudo. Los grupos delictivos responsables de la balacera del sábado obtuvieron una doble victoria: 1) retaron directamente a las fuerzas del estado y no pagaron un costo particularmente alto, y 2) impusieron toque de queda en una ciudad de más de 200 mil habitantes. Por ahora, van ganando la guerra psicológica.
Revertir esa victoria requiere algo más que declaraciones del gobierno y detenciones sueltas de algunos de los posibles asesinos de los policías. Se necesitaría como mínimo:
1. Una acción particularmente vigorosa de las autoridades, dirigida no solo en contra de los perpetradores directos de la agresión, sino en contra del grupo específico que estuvo detrás del ataque y que incluyera, entre otras cosas, la persecución prioritaria a sus dirigentes, el traslado de reos específicos a penales federales y el cierre, así sea temporal, de algunas de sus fuentes de ingreso (giros negros, narcotienditas, etc.). Una sanción colectiva, dirigida a mostrar que hay rayas que no se cruzan.
2. Una presencia reforzada de la autoridad en las calles de Córdoba y municipios aledaños, así sea de forma provisional. Este es el momento para que las policías, incluyendo a la Guardia Nacional, se dejen ver cerca de una población atemorizada. Para vencer el miedo, importan los gestos y los símbolos.
3. La reactivación de mecanismos de rendición de cuentas. Por esto, me refiero a mesas de seguridad u observatorios ciudadanos, que sirvan de espacio para procesar denuncias, vincular a autoridades con algunos sectores de la sociedad civil, gestionar apoyos sociales para las policías, establecer una agenda de transformación institucional y generar información confiable. En otros momentos y otros espacios (Ciudad Juárez entre 2010 y 2012, por ejemplo), un mecanismo de esa naturaleza fue clave para la recuperación de cierta normalidad.
4. Una campaña para retomar las calles. Todos los eventos públicos cancelados el fin de semana deberían reprogramarse y complementarse con otros. Se podrían implementar operativos especiales en zonas con alta concentración de bares y restaurantes, así como el establecimiento de corredores seguros que permitan a la gente transitar con cierta tranquilidad en la noche.
Si estas ideas no gustan a las autoridades, que vengan otras. Pero lo único que no se vale es permitir que una ciudad importante de un estado crucial se vuelva rehén del terror impuesto por unos cuantos delincuentes. Porque si esto se queda así, van a venir otras Córdobas. Muchas más.
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