En Ciudad Juárez, el año arrancó en modo de tragedia. Un grupo armado atacó una prisión estatal, provocando la muerte de 14 personas (incluyendo a 10 custodios) y la fuga de al menos 30 internos.
Sobre los hechos concretos, ya se ha dicho y comentado ampliamente en estos días. Pero se ha comentado menos que esta crisis tiene raíces profundas y no se reduce a un centro penitenciario específico.
La violencia, la corrupción y el autogobierno no son fenómenos nuevos en nuestras prisiones. Incidentes como el de Ciudad Juárez se han repetido con trágica frecuencia en nuestra historia reciente. Las pandillas y los grupos armados son presencia constante en espacios carcelarios. La subinversión en el sistema es crónica: hay pocos custodios, pésimas condiciones laborales, equipo insuficiente, instalaciones deplorables.
Pero a esa crisis estructural se le han añadido varios cartuchos de dinamita en los últimos cuatro años.
El primero es el regreso de la sobrepoblación a nivel del sistema. Entre 2015 y 2018, a la par de la implementación del sistema penal acusatorio, el número de personas privadas de la libertad pasó a nivel nacional de 247,488 a 197,988. Al mismo tiempo, los espacios disponibles en el sistema pasaron de 208,905 a 217,580 (bit.ly/3vy3VJs).
Pero esas tendencias se invirtieron a partir de 2019, como resultado de la deriva punitivista de la actual administración federal, manifiesta en la multiplicación por tres del número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Entre 2018 y 2022, la población penitenciaria nacional pasó de 197,988 a 226,916. Pero no hubo en paralelo un crecimiento de los espacios: para mediados de 2022, había un poco menos (217,129) que los disponibles a finales de 2018 (217,580).
Además, esa sobrepoblación no está distribuida de manera homogénea. En algunos centros penitenciarios, el hacinamiento ha estado alcanzando niveles críticos. Un buen ejemplo de ese fenómeno es el propio CRS Estatal número 3 en Ciudad Juárez, el escenario de la masacre y fuga masiva de Año Nuevo. En ese penal, el número de espacios aumentó 3.7% entre noviembre de 2018 y noviembre de 2022. Pero en el mismo periodo, el número de internos creció 24.7%. La sobrepoblación en términos absolutos casi se triplicó en estos cuatro años.
El problema no se limita al espacio físico de los centros penitenciarios. Según datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, elaborado por el INEGI, el personal adscrito a los centros penitenciarios estatales disminuyó 2.2% entre 2018 y 2021, en paralelo al crecimiento de la población privada de la libertad.
Esta reducción en los recursos humanos disponibles es producto en buena medida de las restricciones presupuestales que han enfrentado los sistemas penitenciarios estatales. En términos reales (descontando el efecto inflacionario), el presupuesto ejercido en los centros penitenciarios estatales disminuyó 4.7% entre 2018 y 2021. En paralelo, las aportaciones federales a los estados para el fortalecimiento del sistema penitenciario cayeron 11.9% en términos reales entre 2018 y 2022.
En resumen, teníamos en 2018 un sistema penitenciario con graves problemas estructurales, pero en proceso de despresurización gradual. Cuatro años después, el sistema sigue sin reformarse, pero ahora tiene un problema creciente de sobrepoblación que tiene que atender con recursos humanos y presupuestales decrecientes.
Por tanto, no hay que llamarse a sorpresa por lo sucedido en Ciudad Juárez . La combinación actual de punitivismo y austericidio no puede llevar a otro destino.