Después de todo lo dicho, escrito y analizado sobre el caso Cienfuegos, ¿qué podemos concluir? Yo destaco cinco lecciones fundamentales:
1. México no está manco en su relación con Estados Unidos. El país cuenta con herramientas políticas y diplomáticas para moldear algunas decisiones del gobierno estadounidense. No muchas, pero sí suficientes para tener éxito en algunas circunstancias. La pregunta es cuándo y cómo se despliegan. No deja de ser interesante que la actual administración federal haya elegido utilizarlas en este caso y no cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas para forzar un cambio en nuestra política migratoria. Pero eso habla de sus prioridades, no de las capacidades del país.
2. La justicia estadounidense no es apolítica, particularmente en casos de narcotráfico y crimen organizado trasnacional. Las decisiones de perseguir o no a determinados individuos no dependen solamente de la fortaleza de las evidencias o la gravedad de los casos, sino que pasan por un tamiz complejo de intereses políticos y burocráticos. Esto debería de servir de correctivo a la percepción común en México de que una acusación penal en Estados Unidos equivale a culpabilidad plena e inobjetable.
3. Las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, son un actor político decisivo. Me atrevo a decir que no hay probablemente ninguna institución con mayor peso en nuestra vida pública. La presión de los altos mandos militares llevó al gobierno de la república a asumir el riesgo de una confrontación de pronóstico reservado con Estados Unidos para lograr el regreso del general Cienfuegos. Si le pudieron doblar la mano a los civiles en este tema, ¿en qué otros temas lo han hecho o pueden hacerlo? Considerando la participación creciente de las Fuerzas Armadas en diversas áreas de política pública, no me parece una pregunta trivial. La eficacia de la presión militar sobre el poder civil no es una señal de salud de nuestra democracia.
4. La Fiscalía General de la República puede ser autónoma en la norma, pero no lo es en los hechos. En este caso, abrió una carpeta de investigación como resultado de una negociación política conducida por la Cancillería y avalada por Palacio Nacional. Ese no es un inicio auspicioso para una investigación criminal. Sugiere que las fases siguientes van a seguir un patrón similar y que el límite de la indagatoria va a estar marcado por consideraciones políticas ajenas a la Fiscalía y no por la calidad de la evidencia.
5. La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública incrementa exponencialmente los riesgos a su integridad. Desde el primer día, he tenido dudas (publicadas en este espacio) sobre la acusación estadounidense en contra del general Cienfuegos. Me parece descabellado que un militar de altísimo rango, en el ápice de su carrera y con el retiro a la vista, haya decidido entrar en complicidad flagrante con un narco de tercera categoría. No es impensable, sin embargo, que otros militares, tal vez menos encumbrados, puedan sucumbir a la tentación. Y ese riesgo va a crecer en la medida en que se expanda el papel de las Fuerzas Armadas en tareas propias de las policías. Esa mera posibilidad debería de llevarnos a revisar la decisión de ceder al aparato militar el control sobre la seguridad pública en el país.
En resumen, el general Cienfuegos se libró de un juicio en Estados Unidos gracias a la eficaz acción diplomática del gobierno de México, pero eso no nos quita la responsabilidad de aprender del entuerto y actuar en consecuencia.
