El 21 de octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de un operativo conjunto denominado Frozen para frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país.
Si bien no se han proporcionado muchos detalles, el operativo parece tener tres componentes esenciales:
1. Un reforzamiento de controles aduaneros del lado mexicano de la frontera, con particular énfasis en cinco puntos de cruce: Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
2. Un mayor intercambio de inteligencia entre las agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas.
3. Un fortalecimiento del Subgrupo Binacional sobre Tráfico de Armas, incluyendo reuniones cada 15 días y la “desburocratización” de respuestas institucionales.
Los funcionarios se mostraron satisfechos y hasta entusiastas con el acuerdo. El canciller Marcelo Ebrard señaló que, con este acuerdo, “habrá un antes y un después” en materia de tráfico de armas.
Ojalá tenga razón, pero francamente lo dudo. En primer lugar, todos los componentes de Frozen se han intentado ya varias veces. En materia aduanera, se han anunciado medidas de reforzamiento en 2008, 2011, 2016 y 2018. Las promesas de mejor y mayor intercambio bilateral de inteligencia han sido reiteradas: encontré anuncios similares a los de la semana pasada en 2009, 2010 y 2017. Por otra parte, han existido grupos de contacto en materia de tráfico de armas desde al menos 2008.
Nada de lo anterior ha tenido resultados muy alentadores. Y no los ha tenido porque esas medidas no alteran la lógica esencial del tráfico de armas:
1. En Estados Unidos, las armas de fuego son baratas y fáciles de obtener. En México, son caras y difíciles de conseguir. Eso crea un incentivo natural para contrabandearlas de norte a sur.
2. Cualquier intento por suprimir el tráfico ilícito desde el lado de la oferta aumenta el precio de las armas de fuego en México, pero no lo suficiente como para reducir significativamente la demanda. A su vez, eso crea un incentivo adicional para los traficantes de armas.
3. La demanda de armas en México es probablemente poco sensible a variaciones de precio: el dinero gastado en armas representa, con toda probabilidad, una parte muy pequeña de los ingresos generados por las bandas criminales. Es posible comprar un AK-47 en Arizona por 300 dólares. Puesto en México, tal vez valga el doble o el triple. En consecuencia, se puede armar un ejército privado de buen tamaño con menos de un millón de dólares. Eso se paga con menos de 50 kilos de heroína exportados a Estados Unidos. Incluso si el precio de las armas se triplicara, eso sería casi morralla para los grupos criminales
Dada esa lógica, lo que se debería buscar es cerrar la brecha de precio y disponibilidad entre Estados Unidos y México. En la práctica, eso significaría restringir el acceso a las armas de fuego en el país vecino, particularmente a los rifles de asalto. Eso no va a suceder mientras los republicanos controlen la Casa Blanca y una parte del Congreso
Pero, además, si por algún milagro el flujo de armas se detuviera mañana, los inventarios acumulados en México son lo suficientemente grandes (casi 14 millones de armas de fuego ilegales, según el Small Arms Survey) como para mantener a los mercados criminales en funcionamiento por mucho tiempo, sin importaciones.
En resumen, al igual que con las drogas, no hay solución obvia para el problema de las armas del lado de la oferta. En consecuencia, es hora de pensar en la reducción de la demanda. Tal vez deberíamos centrarnos menos en el acceso de los delincuentes a las armas de fuego y más en su propensión a usarlas.
Y eso implica combatir la impunidad de los asesinos. No hay de otra.
alejandrohope@outlook.com. @ahope71
