1. La mariguana nunca debió haber sido una sustancia ilegal. Su consumo no es inocuo, pero su impacto sobre la salud de sus usuarios o de terceros no justifica una prohibición absoluta. Fue condenada a la ilegalidad en México allá por los años veinte del siglo pasado por pánico moral y exclusión social, no como resultado de evidencia científica.
2. A lo largo de cien años, la prohibición de la mariguana ha provocado más daño que beneficio. Favoreció el surgimiento de vastas empresas criminales, condenó a muchas comunidades a vivir en la ilegalidad y la violencia, creó una fuente enorme de corrupción y estigmatizó a los usuarios. Sobre todo, redujo el espacio de libertad personal de los ciudadanos.
3. Dado lo anterior, es una buena noticia lo sucedido la semana pasada en el Senado. Después de muchos tumbos y tropiezos, los senadores finalmente obedecieron el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobaron un marco legal para la producción, distribución, comercialización y consumo de cannabis con fines lúdicos, médicos e industriales. Falta aún el visto bueno de la Cámara de Diputados y su promulgación por el Ejecutivo, pero es muy probable que cerremos 2020 habiendo dejado atrás la prohibición.
4. El proyecto aprobado en el Senado es bastante menos que óptimo. El dictamen está atravesado por un profundo espíritu controlador. Exige licencias para casi todo. Impone regulaciones de difícil cumplimiento para pequeños productores (a pesar de supuestamente reservar un espacio en el mercado para productores tradicionales). Requiere, en tiempos de severas restricciones presupuestales, la creación de una institución ad hoc (el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis). Y, lo peor de todo, sigue manteniendo sanciones penales, además de administrativas, para la posesión simple.
5. Este diseño tiene varias implicaciones. Una es particularmente relevante: dadas las barreras a la entrada que establece el marco regulatorio, los precios de la mariguana en el mercado lícito van a ser elevados. Eso significa que un mercado negro de buen tamaño va a persistir durante varios años. En esa materia, el espejo uruguayo es útil: a casi siete años de la aprobación de la legalización del cannabis en ese país sudamericano, solo una de cada tres personas que consumieron cannabis en los últimos 12 meses obtuvieron la sustancia en el mercado regulado (https://bit.ly/3kS9n29). El reverso de la moneda es que, en un entorno de precios altos, es improbable un incremento acelerado del consumo.
6. No hay que pedirle peras al olmo. El fin de la prohibición de la mariguana puede traer muchas cosas buenas, pero difícilmente va a producir una disminución significativa de la violencia letal. A estas alturas, hay relativamente pocos homicidios conectados al mercado ilegal de la mariguana. La legalización parcial del cannabis en Estados Unidos ha generado una contracción de la producción ilegal en México (la superficie erradicada ha disminuido 80% en una década) y eso parece haber generado una disminución de los homicidios en las zonas productoras (https://bit.ly/2Hqjk9n). En ese contexto, la legalización del mercado interno —mucho más pequeño en volumen y valor que las exportaciones— probablemente tenga efectos muy modestos. Y aquí también vale la pena ver a Uruguay: su tasa de homicidio ha aumentado significativamente desde que legalizaron el cannabis en 2013 (desde niveles bajos y por causas diversas).
En resumen, el dictamen aprobado no es ideal y, de aprobarse en sus términos, probablemente tenga efectos limitados. Pero, aún con todos sus defectos, es un paso en la dirección correcta.
