En un giro previsible ante el atorón legislativo de la propuesta para extender la participación directa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el presidente López Obrador optó por su jugada favorita y anunció que se le preguntará a la población sobre el tema.
Como el tema no puede ser objeto de una consulta formal y legal, además de que el asunto ofrece una oportunidad para prolongar el pleito con el INE, el presidente le pidió al secretario de Gobernación encabezar el esfuerzo.
Y resulta por tanto que la consulta no es consulta, sino un “ejercicio de participación ciudadana”, a celebrarse el 22 de enero de 2023, con carácter no vinculatorio y organizado por la Secretaría de Gobernación, no por el INE. Y en ese ejercicio, se harían dos preguntas: 1) ¿Está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?, y 2) ¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?
Básicamente, se está promoviendo una encuesta enorme, cara y mal hecha, con una muestra no representativa y resultados cantados de antemano. El asunto va a estar dominado por todo, menos por el suspenso.
En esas circunstancias, parece absurdo participar en un ejercicio que no tiene más propósito que la propaganda. No le recomendaría a nadie que se acercase a los “centros de votación” en enero próximo.
Sin embargo, el proceso abre una oportunidad importante para poner en la discusión otros temas y marcos de referencia. Si el gobierno quiere debatir la participación militar en labores de seguridad pública, hay que tomarle la palabra. Si el gobierno desea hablar de los resultados de la Guardia Nacional, venga. Si el gobierno quiere insistir que no hay más ruta que la suya, hay que poner las alternativas en la mesa.
En términos prácticos, esto significaría una activación de todas y todos los que proponen y defienden la vía civil. Desde los partidos políticos, en las organizaciones sociales, en las universidades, en los medios. No para una lograr una imposible victoria en una consulta no consulta organizada por el poder, sino para ganar espacios para alternativas.
Se podrían organizar una multiplicidad de foros y debates en universidades, centros de investigación y en los propios medios, llevando a la mesa a representantes del gobierno y de las propias Fuerzas Armadas. Y esto se podría hacer con ánimo descentralizador, multiplicando los espacios fuera de la Ciudad de México, probablemente con el liderazgo de las mesas y observatorios ciudadanos de seguridad que existen en buena parte del territorio.
Desde lo local, se podrían generar foros y discusiones, encabezados por organizaciones sociales (empezando con los colectivos de víctimas) y animados por estudiantes y activistas. Estos esfuerzos podrían replicarse y amplificarse por redes sociales y medios alternativos.
Como no se puede combatir algo con nada, esta es una oportunidad espléndida para que los partidos de oposición pongan en la mesa alternativas de política pública. Movimiento Ciudadano ya hizo lo propio con una propuesta muy acabada que comenté en esta columna la semana pasada. Es hora que otros partidos hagan lo propio.
A estas ideas, se pueden sumar muchas otras. El punto es que no se debe dejar pasar esta oportunidad de cambiar la conversación. El gobierno quiere un ejercicio de propaganda: hay que responderle con imaginación e ideas, con una salida al laberinto de la militarización.
Insisto: esto no es para ganar una “consulta”, es para cambiar la narrativa.
Twitter: @ahope71
