Ayer, el diario Reforma escogió para su primera plana un encabezado atemorizador: Ofrece la Policía acuerdo a sicarios.
Las notas que lo acompañan, basadas en un audio filtrado de una reunión entre funcionarios de diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, espantan aún más: sugieren que las autoridades capitalinas se preparan a poner en marcha alguna forma de pax narca o a implementar algo parecido a la idea de abrazos, no balazos.
En la entrada de uno de los artículos se señala lo siguiente: “El eje central del plan es el acercamiento con criminales para negociar su salida de grupos delictivos. Contempla ofrecer servicios de salud y beneficios, como protección a los implicados en delitos de alto impacto.”
El asunto es más complicado.
Hasta donde he averiguado, el programa conocido como Alto al Fuego está tratando de replicar una intervención muy exitosa, lanzada en 1996 en Boston y luego copiada en muchas otras zonas urbanas alrededor del mundo, para prevenir la violencia letal entre grupos delictivos.
Esta modalidad de intervención, conocida genéricamente como estrategia de reducción de violencia grupal (GVRS por sus siglas en inglés) parte de un análisis minucioso de inteligencia que permite identificar a los grupos e individuos generadores de violencia en un espacio urbano.
Una vez identificados esos grupos e individuos (que nunca pasan de algunos cientos), se generan expedientes sobre cada uno de ellos, con información que sirva de posible palanca para modificar su comportamiento (si tienen antecedentes penales, si existe orden de aprehensión en su contra, si son beneficiarios de algún tipo de libertad condicionada, etc).
A la vez, se prepara un paquete de servicios sociales (servicios médicos, atención psicológica, capacitación laboral, etc.) que pueda servir de incentivo a esos individuos para abandonar la violencia.
Por último, se construye una coalición amplia, que aglutine a dependencias de gobierno, organizaciones sociales y personas que puedan servir de ejemplo positivo para los grupos e individuos identificados (expresidiarios o pandilleros reformados pueden ser muy útiles en ese rol).
Culminados esos preparativos, se entra en contacto con los grupos identificados (en varias ciudades estadounidenses, se realizan reuniones formales, pero ese formato no es indispensable) y se les manda un doble mensaje: 1) los grupos que recurran a la violencia letal van a ser objeto de persecución prioritaria por parte de las autoridades y se van a jalar en su contra todas las palancas identificadas, y 2) si algún grupo o individuo quiere abandonar la actividad delictiva, va a recibir apoyo y protección. Por su parte, la coalición social les habla del daño que están haciendo a su comunidad y se les conmina, por la vía de voceros que puedan tener legitimidad en esos sectores (expresidiarios, por ejemplo), a dejar de recurrir a la violencia.
Y después de la advertencia y de la oferta, hay que cumplir ambas: si algún grupo recurre a la violencia letal, se le viene el mundo encima. Y si alguien quiere salir de esa lógica, se le abren las puertas prometidas.
Esto no obsta para que se sigan persiguiendo delitos de manera rutinaria. No es en forma alguna un trato o una negociación con delincuentes
No es una estrategia infalible, pero en muchos casos, ha tenido resultados extraordinarios. En Boston, el caso pionero, produjo una disminución de 63% en homicidios de jóvenes en dos años. En Oakland, produjó una reducción de 52% en el número de lesiones fatales y no fatales con arma de fuego en seis años.
En resumen, esta es una buena iniciativa que puede producir buenos resultados. No la maten con fantasmas y malentendidos.
