El financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos ha estado sujeto a debate desde hace varias décadas. Hay quienes señalan que deberían fijarse límites a los montos gastados y quienes argumentan que establecerlos viola la libertad de expresión de quienes buscan manifestar su opinión con respecto a un candidato.
Al respecto, en el país vecino la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) se encarga de monitorear, vigilar, fiscalizar e incluso sancionar el mal uso de recursos en las elecciones generales. Esta comisión se estableció en 1974 a raíz de una modificación a la Ley Federal de Campañas Electorales y está compuesta por seis miembros nombrados por el presidente y ratificados por el Senado; sin embargo, al ser un número par y requerirse un mínimo de cuatro votos para tomar las decisiones, además de las constantes vacantes al interior del organismo (como ahora que sólo tiene tres miembros), el procedimiento de toma de decisiones se congela constantemente, haciendo poco efectiva a la institución.
Por otra parte, a pesar de que sí existe financiamiento público, la mayor parte de los recursos utilizados en las campañas políticas es de carácter privado. Si bien es cierto que en cada elección se establece un límite con relación al monto que cada contribuyente o grupo de contribuyentes puede destinar directamente a un candidato, no existe un tope global de gastos de campaña. Esto quiere decir que las personas en lo individual y los grupos políticos pueden contribuir de distintas formas a una campaña política, siempre y cuando esto no signifique trasladar recursos directamente a un candidato. Esta situación tan ambigua ha desencadenado muchas críticas al sistema de financiamiento de campañas políticas, pues deja abierta la puerta a un gran flujo de recursos sin control.
En ese sentido, habría que mencionar que existen diversos tipos de contribuciones, pero en términos generales predominan las siguientes: individuales, que cualquier ciudadano estadounidense o residente permanente puede hacer a un candidato; las que realizan los denominados comités de acción política (PACs, por sus siglas en inglés), es decir, organizaciones privadas que tienen por objeto apoyar a un candidato sin necesariamente formar parte de la estructura de la campaña; y finalmente los gastos que el candidato y su partido pueden realizar con sus propios recursos. Los denominados PACs o Súper PACs han generado la mayor polémica en Estados Unidos, ya que en algunos casos pueden recibir fondos de personas que no necesariamente hacen pública su identidad y en ocasiones se mueven en torno a grupos de intereses empresariales y sindicales. Además, existen muchas lagunas legales con respecto a si sus acciones pueden o no considerarse parte de la estrategia de campaña de un candidato o partido.
El debate sobre si las restricciones a los gastos en campañas electorales por parte de empresas, sindicatos o personas en lo particular viola o no la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia con en el famoso caso Citizens United vs FEC. La corte resolvió que las prohibiciones o límites en los gastos de promoción a partidos o candidatos por particulares eran violatorios de la enmienda.
No obstante, el reclamo popular por buscar mecanismos que eviten que los gastos de campaña sean tan excesivos crece cada vez más. De hecho, se piensa que esta elección será la más costosa en la historia de los Estados Unidos, con algunos pronósticos que establecen que se gastarán más de 10 mil millones de dólares, superando los 7 mil millones de la contienda de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump.
Será entonces necesario explorar mecanismos que permitan una participación equitativa de los diferentes candidatos, una reducción considerable de los gastos de campaña y, por otro lado, instituciones más eficaces en el monitoreo, vigilancia y sanción del uso inadecuado de recursos. Quedará en los ciudadanos estadounidenses exigir estos cambios a sus representantes, partidos y candidatos. De lo contrario, cada cuatro años podría batirse el récord de la elección más cara de la historia.