In memoriam de Carlos González Lobo y Ángel Mercado Moraga
(oficio, arquitectos)
En una anterior colaboración en estas páginas (El virus en los recovecos de una sociedad-ciudad desigual, 18/05/2020), en el contexto del confinamiento, exponía las diferencias del impacto de la pandemia en espacios urbanos marcadamente distintos en la Ciudad de México, ubicando a las alcaldías Benito Juárez (BJ) e Iztapalapa (Iz). Destacaba las diferencias en el número de habitantes, las tasas de analfabetismo y años de escolaridad, el acceso al agua entubada, el problema del hacinamiento y los ingresos. En todos los indicadores, la alcaldía BJ presentaba niveles de bienestar por encima -en todos los casos- de la alcaldía de Iz. No es una historia reciente ni producto de una administración, es un fenómeno de larga data que ilustra sobre la ciudad desigual y la concentración económica.
Bajo la premisa de que la ciudad es la materialización de la sociedad, en la condición urbana descrita, v.gr., en el caso de los servicios y de las comodidades dentro de los inmuebles, el poderse lavar las manos sin problemas en el momento que fuera o la “sana distancia dentro de la casa” y a nivel comunitario, también aludíamos a la tendencia creciente a la construcción de edificaciones verticales en la alcaldía BJ, en comparación de Iz. Esto implica incremento en los costos individuales de habitar o desenvolverse en ciertas zonas (p.ej. los pagos en estacionamientos privados), así como un incremento también en la exigencia de un caudal de recursos concentrados para beneficios de segmentos poblacionales específicos (la seguridad, casi como contrato acordado, para el acceso ininterrumpido al agua, la luz, la recolección de basura, la limpia y poda urbana, rondas de vigilancia en patrullas, entre otros).
Aceptando el planteamiento de David Harvey acerca de que “el capital se materializa, en gran parte, a partir de la construcción urbana o el establecimiento de relaciones sociales en la ciudad y la organización del espacio en la ciudad”, desde esta perspectiva sobresale la desigualdad que domina en la sociedad mexicana, es decir, de la existencia histórica del desarrollo desigual entre regiones y al interior de cada una de ellas. No es nada nuevo. Recordemos las palabras atribuidas a la Güera Rodríguez de que “Fuera de México, todo es Cuautitlán”.
Siguiendo con la desigualdad en las ciudades, en una revisión de los índices de marginalidad (Conapo, 2015) y el Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2020), mirando al país, los municipios de San Pedro Garza García (Nuevo León) y BJ (CDMX), eran, en ese orden, donde se presentaba mayor accesibilidad a 1) Computadora, laptop o Tablet, 2) teléfono celular y 3) conexión a internet.
Cuando se trabajó con esta información, en ese momento no estaba en el horizonte la discusión política de selección candidatos al gobierno de la ciudad de México. Los objetivos eran otros, en particular, poner atención en la forma en que se expresaba en la cartografía nacional la desigualdad social. Siguiendo en esta ruta, y de manera muy simple, a raíz de la resolución jurídica de que no se aluda al cártel inmobiliario en la discusión pública (desde mi visión, democracia a la baja, a diferencia de las edificaciones verticales en la BJ; en otras posturas se argumenta que no es censura, sino un freno a la calumnia), asociándole a la candidatura de Santiago Taboada, candidato de la alianza Va por la CDMX (PAN, PRI, PRD), me eché un clavado a “Mercado libre”, para ver el precio de los inmuebles -sin ninguna alusión a los cañonazos de cincuenta mil en la época del general Álvaro Obregón o lo que en el presente se alude sobre intercambios mercantiles (permisos para la construcción que rompen la norma, a cambio de inmuebles, como parte de la discusión ahora inhibida)- en las alcaldías Iz y BJ.
No hay sorpresas. De entrada, sin ninguna búsqueda intencional (por precios, colonias, tamaño del inmueble, comodidades), en los primeros diez inmuebles que aparecieron en la página electrónica, en Iz aparecía un monoambiente (una recámara, 30m2) por 595 mil pesos. Inmuebles de dos recámaras y un baño, sin distinguir ubicación, casi del mismo tamaño, estaban entre un millón y 850 mil pesos. Para no hacer la historia larga, en los primeros diez inmuebles, el de mayor tamaño y mayor precio, llegaba a los 3 millones 395 mil pesos. En la alcaldía BJ, haciendo la misma operación, los inmuebles del mismo tamaño cuadruplicaban el precio de sus pares en Iz. Un departamento similar en tamaño, en la BJ, triplicaba el precio del departamento más caro ubicado en el oriente de la ciudad (claro, al ver estos precios recordaba a José Alfredo -no es necesario aludir a su apellido, está bien, Jiménez-, y el Vámonos, “Que no somos iguales, dice la gente”, hasta llegar a eso del “Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales”, pero de que las hay, las hay).
Dos experiencias distintas, dos ciudades diferentes dentro de la propia ciudad; dos proyectos: un negociado inmobiliario macro versus el avance hacia el derecho a la ciudad. Lo primero no es algo nuevo, es un modelo de negocios (producto), con una historia bastante más larga de lo que se ha apuntado hasta ahora (en la Capital Autónoma de Buenos Aires, Argentina, está es una discusión actual). Lo segundo forma parte de esa utopía a que aludía, para trabajarla, Henri Lefebvre, como “Derecho a la ciudad” (obra). Más allá de donde nos situemos, una tarea obligada es pensar la ciudad en general. Me vienen a la memoria las palabras del arquitecto Fernando Chueca Goitia: “La ciudad no se sitúa sobre el terreno sin más; se funda sobre la tierra propicia que han señalado los dioses […] Desde este momento la nueva ciudad era también terra patrum, patria…Una factoría, en cambio, más que implantarse lo que hace es imponerse sobre la tierra, utilizarla en su provecho, violentarla si es preciso […] es la diferencia de verla como patria o como instrumento”.
(Profesor UAM)
