En algunos casos, recambios en el fusil y el uniforme militar para dar paso a la toga y el birrete. En otros, fue la continuidad en los cargos del poder judicial, más cercanos en sus prácticas a lo cortesano que al republicanismo, en nado sincronizado con el (in) discreto encanto e influencia de los medios hegemónicos de difusión. Los casos de estos excesos del poder judicial, y su accionar desestabilizador, están a la vista. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo –profesor de educación primaria, artífice de acciones de huelga en la región donde se desenvolvía profesionalmente- ha sido bloqueado sistemáticamente por la ofensiva judicial, en pinzas con el conservadurismo presente en el poder legislativo (el peso del fujimorismo como variable central). Acusado en diferentes causas, ligándolo a delitos de tráfico de influencias, plagio, organización criminal, por atentar contra la tranquilidad pública. Ni un segundo para dejarlo gobernar.
En el “Brasil brasileiro”, Luiz Inácio Lula da Silva –obrero metalúrgico, organizador de los trabajadores, encabezando huelgas como un recurso de presión en el contexto de la dictadura brasileña-, fue el presidente elegido para remplazar a Bolsonaro. Los 580 días en prisión le impidieron despedirse, ver en sus últimos días, a Arthur, su nieto de 7 años de edad: un poquito de miseria humana aderezando la venganza política. Dejó la prisión por la fragilidad de las acusaciones en su contra. Antes de ello, como parte de una ofensiva escalonada, los hombres y las mujeres encargados de impartir justicia enfrentaron la iniciativa de Dilma Rousseff, cuando nombró a Lula Ministro de la Casa Civil. De entrada, el nombramiento fue suspendido primero en el Tribunal en Brasilia y, en esos ires y venires, acabó siendo suspendido desde el Supremo Tribunal de Brasil. Años después ganó la presidencia por un estrecho margen, en una elección de Estado desde el comando bolsonarista, producto del uso indebido de todos los recursos para detener a Lula. Como en el caso peruano, vienen días difíciles a la acción de gobierno de Lula por el peso central del bolsonarismo, con bisagras que atraviesan el continente, si se considera el planteo de Steve Bannon de que “Lula es un delincuente trasnacional y junto con el partido, que lo ha apoyado, llevan en el negocio más de 20 años y quieren extender más allá de la Amazonia su poder”, alentando a los bolsonaristas a que sigan las protestas por el “fraude” electoral. Y Bannon –uno de los que hizo guiños a los alentadores y ejecutores de la violencia en el Capitolio- no está disociado de D. Trump y su aviso político del retorno.
El caso argentino también es paradigmático. Intentan asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la jueza encargada del caso, Eugenia Capuchetti, avanza con una parsimonia que hace que se piense que está dando tiempo para borrar pruebas, que avance la desmemoria y disminuya la sorpresa.
En el seno del propio poder judicial se le respalda, desechando que se le quite el caso, aunque por la presión le solicitan que siga parte de las pistas que demanda la defensa de la vicepresidenta. Pistas ligadas a actores políticos que forman parte de la escena, que han alentado con sus discursos de odio la destrucción de una fuerza política y que no han sido rigurosamente estudiados en sus vínculos con el hecho criminal. Uno de los implicados, por ejemplo, un muchacho muy joven (de una organización de derecha llamada Revolución Federal) que aprendió carpintería por internet y que, de acuerdo a investigaciones periodísticas, solicitó dos facturas a una conocida para presentarlas y recibir millonarias recursos por muebles –eufemismo para hablar del financiamiento- (productos de una modesta carpintería para un consorcio empresarial de un ex ministro, Caputo, del ex presidente Macri) de las que no hay evidencias de que se realizaran. Asimismo, otro implicado, que se ha demostrado incurrió en actos ilegales, expresión de su poder, es el diputado G. Milman, que en un acto puro de clarividencia, predijo que podían presentarse hechos violentos hacia la vicepresidenta, lo que podía ser utilizado para victimizarla, días antes del atentado (incluso un informante señalaba que escuchó a Milman decir a dos muchachas que lo acompañaban –que primero dijeron que no habían estado en esa cita, y después tuvieron que aceptar, vídeos mediante, que siempre sí-, que cuando ocurriera el hecho estaría camino a la costa). Siniestra la trama, quizá es parte inherente de las derechas. El poder judicial no ha hecho la tarea de investigar a estos sujetos, mientras que los medios de comunicación –en sincronía con la mesa judicial- mantiene un bajo perfil, cuando no un silencio casi cómplice. Coincidencias, pues.
A la luz de este ramillete de hechos, adquiere fuerza lo enunciado por el presidente chileno, Gabriel Boric, en su visita a México, de que “no podemos olvidar que todos o casi todos hemos tenido elecciones bastante estrechas, y que la fuerza de aquellas organizaciones que niegan a la ciencia, que descreen de la crisis climática, que parecieran no tener convicciones profundas de la democracia, sigue siendo real, y eso por lo tanto es algo que tenemos que hacer frente y tenemos que pensar en nuevas estrategias para hacerle sentido a nuestros pueblos”.
En México no cantamos mal las rancheras. En nuestra tierra se hizo un concierto de músicos nazis (“El imperio contraataca”), y después un congreso que aglutinó a parte de la crema y nata de la derecha continental, cristiana y de buenas costumbres (el Manual de Carreño también tiene herederos). Llegaron de todos lados. Por ejemplo los de Vox, fuerza política que, valga como presentación, elaboró una proposición de ley en el Congreso para derogar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007. En España el franquismo ha ganado en la guerra del silencio, y Vox, ahora cara pública pero antes fuerza cultural, sin esa etiqueta, presente en las convenciones, costumbres y modos de entender la realidad política española, argumenta que la Ley de Memoria Histórica es "liberticida", ataca directamente "la libertad ideológica individual", y, cercanos como nadie a la monarquía, argumentan –vaya ironía- que atenta contra el régimen constitucional. Sobre esto, el diputado Simón Joaquín Robles señalaba que "condenar el franquismo no tiene ningún sentido puesto que somos herederos y la historia es la que es. No se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno, no se pueden coger 40 años de la historia y meterlos en la basura como si no hubieran existido" (El Plural, 16 septiembre 2019). Viva el pensamiento de las derechas, disfrazado de relativismo cultural, en la consigna de Vox de que “cada uno debe ser libre de interpretar la Historia como quiera". Desde esta lectura se permite la invasión violenta del Capitolio, los valladares a la acción de gobierno de Castillo, la movilización frente a los cuarteles de los bolsonaristas alentando que salgan los militares a la calle, a poner “orden”, o un concierto inocente de músicos nazis. En otras latitudes, en una zona cargada de dolor, en un reporte especial (SPECIAL REPORT January 2020, Freedom House), se hacía referencia a la violencia e intimidación por grupos de extrema derecha en Ucrania, con la complacencia de las fuerzas armadas, de los medios, del poder judicial.
Lo enunciado es un crisol problemático, teñido de fascismo y conservadurismo. Con prudencia, creo que la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de frenar los alcances de la propuesta oficial frente a los delitos fiscales como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas, en el supuesto de que en su desenvoltura ordinaria traslucen conductas de delincuencia organizada, toca un poco esta sobredimensión del poder judicial, en lo que hace a dados cargados hacia la derecha. Es la demostración de un poder que se impone al ejecutivo y los acuerdos parlamentarios. Es muy polémico, por los daños a personas en lo concreto y a la Nación, empero, como se señaló, se redujeron los alcances del planteo jurídico. Ahora, quienes realizan estas acciones, están cerca del poder, no se trata de delincuentes secundarios (sin que esto sea una disculpa del daño que hace cualquier criminal), se trata de corporaciones, de grupos económicos asociados a estructuras que les permiten reproducir ese modelo de negocios; simplemente, en una lectura es la evidencia de una balanza inclinada. Citábamos a Boric, el presidente chileno, recordemos ahora las palabras de su paisana, Violeta Parra, esa compositora gigante, al referirse a los estudiantes, y a otros herederos, los que “no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa ¡El código del Derecho!”
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