En el Congreso de la Unión se aprobó con 492 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la reforma a la ley de pueblos originarios y afromexicanos. No es una historia de los últimos días. Reformulada en 2021, se retoman, se afirma, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar en el Artículo 2º de la Carta Magna, así como se reconocen las lenguas indígenas, como lenguas oficiales de México. En la minuta de la reforma que dictaminarán a partir del lunes próximo en otra esfera del poder legislativo, se busca garantizar jurídicamente el reconocimiento a los pueblos originarios como sujetos de derechos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que implica que los pueblos originarios tomarán decisiones con sustento en sus mecanismos para la toma de decisiones, con las formas propias de gobierno que se han dado las comunidades indígenas y con un presupuesto que será ejercido directamente en las comunidades.
En el Artículo 2º se señala que “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”. En el 2001 se subrayaba el reconocimiento de nuestro país como nación pluricultural, sustentada en sus pueblos originarios. En el presente, en la discusión política, y así se asienta, se trata de “una proclamación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para reconocer su libre autodeterminación”, planteará el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), en tanto la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión, argumentará que se trata de un hecho de justicia para el 20% de la población mexicana, señalando que ese es el número de la población indígena en México. No obstante, sin disminuir su importancia, se trata de “un avance formal”, indica el investigador Zósimo Hernández. No servirá de mucho si no se resuelven otros asuntos. Por ello nos damos a esta tarea, sin soslayar el relieve de la reforma, con una pequeña “numeralia” para comprender el tamaño de los desafíos.
Revisando la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022), la población indígena señala que sus derechos se respetan poco (mujeres, 40.8%, hombres, 35.7%). Asimismo, en general los indígenas se dicen poco valorados por la mayoría de la gente (71.5%), así como se señala que los indígenas valoran poco seguir estudiando (42.7%). La población afrodescendiente, sin llegar a estos porcentajes, considera que la mayoría de la gente los ubica como extranjeros (51.4%%), en tanto que un 34.5% señala que para lo que son buenos es para el trabajo físico (el peso de asociar a la población afrodescendiente con el esclavismo, contribuyendo en este sentido con la lectura de la anulación de la personalidad).
Relacionemos los resultados de la Enadis con los del informe El derecho a la educación de la población indígena de México. Ciclo 2021-2022, elaborado por la
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): es notable el peso del analfabetismo y de la educación trunca en la población indígena. Se indica que la mayor tasa de analfabetismo por lengua indígena se concentra en los mazahuas, 39.2%, otomí 34.5 y la matlatzinca con 27.9%. Se trata de tasas muy altas en comparación del promedio nacional. Asimismo, dados los desplazamientos poblacionales, “las lenguas con mayor porcentaje de monolingüismo se localizan en zonas de difícil acceso y gran dispersión, lo que explica la escasez de centros escolares y las limitaciones para el aprendizaje de la lectoescritura”. Es decir, donde hay un alto porcentaje de monolingüismo es mayor la tasa de analfabetismo y de ausencia de escolaridad. Se enfatiza que en 20 años, la escolaridad promedio de la población indígena sólo mejoró 2.2 grados, al pasar de cuarto grado de escolaridad en 2000, a 6.2 grados para 2020, mientras en el resto de la población pasó de 7.7 a 10 años en promedio. La desigualdad no disminuye, se hace más consistente la brecha.
En datos de 2019, Silvia Schmelkes apuntaba que el analfabetismo en población indígena era de 23%. Especificando, en México la población indígena y la hablante de lengua indígena registraron un menor nivel de escolaridad media, así como una mayor tasa de analfabetismo; éste último con 23 por ciento, frente a 4.2 por ciento del resto de la población, planteaba la consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes. Por lo que respecta al promedio de escolaridad media entre la población de 15 años y más, en este sector vulnerable apenas es de 5.7 grados, mientras que para el resto de la población la cifra es de 9.4 grados. Esta información que sacude se puede confirmar al revisar los índices de marginación por entidad federativa, poniendo particular atención en los municipios más pobres. Abro una página del Consejo Nacional de Población (Conapo), en Chihuahua, y cerrando los ojos se encuentra mi índice con el Municipio Batopilas de Manuel Gómez Morín. Allí, en datos de 2020, el analfabetismo alcanza al 45.52 por ciento de la población de 15 años o más, en tanto 84.48 por ciento de la población de 15 años o más no cuenta con educación básica (concluida).
En información de Grupo Banco Mundial, en una lectura planetaria, se estimaba que hay 476 millones de personas indígenas en todo el mundo, lo que representa 6 % de la población mundial. Empero, en la población indígena se concentra la población más pobre, representan alrededor del 19 % de las personas extremadamente pobres. Un indicador brutal es que la esperanza de vida, se indica en este informe, “es hasta 20 años inferior a la de las personas no indígenas”. La muerte temprana, socialmente promovida, una especie de muerte que tiene permiso. Otro indicador de la muerte silenciosa es que la mitad de los idiomas del mundo están en riesgo de extinguirse para 2100, en particular las lenguas indígenas (lingüicidio).
La mirada fina que se plantea en las modificaciones al Artículo 2º Constitucional tiene como premisa que una parte considerable de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas se encuentran en propiedad comunal, empero sólo una fracción de ellas pertenece formal o legalmente a los pueblos indígenas. Pensando en la sed de justicia, y concretamente en el agua, la Fundación Pro México Indígena / Pro Mazahua se aproxima y contrasta el consumo de agua en áreas urbanas, donde un mexicano promedio gasta 370 litros (366 litros de acuerdo a información de ONU-Habitat) al día, mientras que una persona indígena apenas tiene acceso a 5 litros diarios. El 29 de septiembre de 2020, el relator Especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, Leo Heller, aseguró: “Hay una absoluta necesidad de una ley que defina que el uso del agua para consumo humano es la prioridad por encima de cualquier otro uso, ningún megaproyecto debe comprometer el consumo humano del agua. Esto es importante en México donde hay muchas tensiones en torno del tema”.
Una última anotación, en esta breve numeralia, sobre la salud en la población indígena. En documento de la Cámara de Diputados sobre Salud, se destacaba que las cinco causas de mortalidad para todo el país se asocian a enfermedades no transmisibles, en tanto que para los pueblos indígenas, dentro de las 5 principales causas, 3 son de tipo infeccioso: enfermedades infecciosas intestinales, neumonía y sarampión. De manera textual se apuntaba que, con base “en la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se puede establecer que las causas principales de enfermedad entre los indígenas fueron de origen infeccioso. El 60% de ellas fueron infecciones respiratorias agudas, y el segundo lugar, fue ocupado por enfermedades gastrointestinales. En los pueblos y comunidades prevalecen las llamadas patologías de la pobreza, entre las que destacan enfermedades como cólera, tuberculosis, paludismo, dengue, etcétera. Además de la aparición reciente de otras enfermedades como la diabetes, el cáncer y la hipertensión arterial, a lo que se añade un grave problema de salud social que afecta a miles de familias indígenas: el alcoholismo” (un clavado a los textos de Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote, y de Jack London, Colmillo blanco, ilustran sobre esta problemática).
“Con la mayoría calificada de 483 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga el artículo 2° de la Constitución Política, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos […] Con lo aprobado se reconoce a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con respeto irrestricto a sus derechos humanos. Considera una nueva constitución de los pueblos y comunidades indígenas dentro del texto de la Carta Magna” (cf. Cámara de Diputados, Boletín No. 0037, 18/09/24). En la votación de los legisladores no se vio por asomo ningún trazo de discriminación, racismo, segregación, desvalorización, exclusión social e invisibilidad. La estadística oficial apunta en otro sentido. Seguramente más de un legislador/legisladora ocultaron su sentir personal sobre las comunidades indígenas. Guardadas las proporciones, recordemos las palabras de Sarmiento en carta a Mitre (¡claro, casi a mediados del siglo XIX!), en la que comentaba sobre la población originaria (“salvajes”), que sentía, “sin poderlo remediar, una invencible repugnancia”.
Es una reforma inobjetable en lo jurídico (hay trabajo); colemos aquí también lo políticamente correcto. Pero el maltrato, en sus distintos indicadores (analfabetismo,
educación trunca, salud precaria, menor esperanza de vida, déficit en el acceso al agua, desplazamientos poblacionales por prácticas de despojo) y en sus dimensiones sociales (discriminación, racismo, segregación, desvalorización, exclusión social, invisibilidad), es la materialización de una sociedad que no legisla, pero sí estigmatiza. ¿Algunos legisladores estarán en este encuadre?
Profesor UAM
