Se nos va el 2022, con los resultados de las uvas de la ira del 2021.
1. La nueva prohibición en Estados Unidos , la ley seca de la cultura. En el racimo de ira se avanzó en la censura de temas y autores en Estados Unidos: lo referente a negritud, la represión policíaca a negros y latinos, la ofensiva contra los derechos humanos, la diversidad cultural, prácticas sexuales diversas, los migrantes, entre otros, son parte de la prohibición. La American Library Association ha documentado la desaparición sistemática de textos sobre estos temas en los anaqueles de las bibliotecas y las librerías. El macartismo gradual en pie de censura.
Las alusiones y trazos de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel , no pasarán, enuncian los prohibicionistas con sus prácticas; lo mismo ocurre con autores que no malgastaron letras, como M. Twain y W. Shakespeare. La letra impresa al fuego simbólico de la censura.
Se alude a que en 2021 y 2022 más de 1600 títulos alcanzaron el estatuto de prohibidos en colegios de 32 estados. En el ejemplo de los países occidentales, la estrella de la democracia, el avance del oscurantismo (una descripción más detallada de lo apuntado, en https://www.pagina12.com.ar/511617-libros-proscritos-por-el-conservadurismo-mas-reaccionario ). 2. En el racimo de la ira, se catapultó el lawfare como forma de hacer política, que justamente destruye su sustancia: se trata “de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley”. El lawfare no está disociado del poder mediático, para nada, es su sustento en la batalla cultural que, en su expresión más común, se aprecia en francotiradores disfrazados de periodistas, que afinan su puntería a líderes incómodos para el poder hegemónico, a la par de la criminalización de las luchas sociales, y en el uso de las redes sociales (el capitalismo de la vigilancia en todas sus facetas –principalmente, la manipulación grosera y la algoritmización de la política-). Con sus particularidades, destacan en América Latina los casos de Perú y Argentina, un poco atrás en el tiempo, los casos brasileño y ecuatoriano (Correa) -hay otros, esto es lo más connotado-. Aunque bien vale señalar que “no todo proceso judicial contra los políticos es lawfare. Tampoco es lawfare todo juicio por corrupción”, como enfáticamente es señalado por el Observatorio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica: “Podríamos decir, entonces, que el lawfare es una manera más de sostener el poder geopolítico defendido por una red de intereses y actores a nivel local e internacional vinculados generalmente a las derechas (liberales y conservadoras). Sería una de las estrategias para mantener el statu quo” ( cf. https://www.celag.org/observatorio-lawfare/ ). Y en esa tarea doméstica, continental y global, el poder judicial es el ejemplo más nítido de la defensa del statu quo. Como plantea R. Zaffaroni, “Es sabido que la persecución mediático-judicial de líderes políticos (llamada lawfare) es uno de los medios que el colonialismo financiero emplea para neutralizar los movimientos nacionales en su guerra híbrida contra los Estados de derecho y las democracias de nuestra América”. No es, entonces, un problema local ni alejado del capital ( cf. https://www.telam.com.ar/notas/202212/613493-reglas-sentencias-lawfare-zaffaroni-tecla-enie.html ).
3. El lawfare no es producto de generación espontánea. En su conformación estratégica contribuyen los corporativos de los medios de comunicación hegemónicos, los laboratorios de pensamiento (think tanks) modernos, las corporaciones económico-financieras, los partidos y fuerzas políticas proclives al establishment y una franja (la Morada en el caso argentino, en el mexicano, p. ej., México Justo.org) de los profesionales del derecho y los que están en formación -así como aludíamos al egoísmo e individualismo de los estudiantes de Economía en anteriores colaboraciones, los estudiantes de Derecho tienen lo propio-, manifiesto en el cv visible y el oculto, entre otras. ¿Es atrevido hablar del lawfare, en sus prácticas, como expresión de la mafia y de un Estado paralelo, que se sobrepone e impone sobre los otros poderes? Más allá de la crudeza en la posible respuesta, lo que es claro es que el lawfare no es compatible con la democracia, o para hablar de la realidad concreta, a lo sumo se materializa en una democracia restringida y controlada.
4. Por cierto, sobre dos de los fundadores de México Justo.org, Genaro Góngora Pimentel (GGP) y Juan Carlos Pérez Góngora (JCPG), hay acusaciones que manchan su participación política –en este caso, criticando la posible asunción como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la acusada de plagio en la tesis de licenciatura, Yazmín Esquivel Mossa, en documento presentado al Senado de la República por México Justo.org-. Sobre el primero, GGP, el equipo de investigación de Carmen Aristegui "encontró indicios de “tráfico de influencias” en la rapidez con la que jueces del Distrito Federal (ahora Ciudad de Mëxico) –con los que Góngora Pimentel tendría una amistad– encarcelaron a la madre de dos hijos del exministro. La señora fue privada de su libertad por un año bajo acusaciones de "fraude genérico" por parte del exministro, posteriormente a que este fuese denunciado por no otorgar una pensión alimentaria a sus hijos. En el caso de JCPG, de acuerdo a información publicada en La Jornada (25/09/2021), “La Comisión de Honor y Justicia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) suspendió derechos de manera definitiva de Juan Carlos Pérez Góngora, empresario que se autoproclamó presidente de ese organismo del sector privado”. Ahora sí que como decía el ilustre cancionero Álvaro Carrillo, “como se lleva un lunar, todos podemos una mancha llevar”.
5. Frente a las uvas de la ira, un poco de alegría, para cerrar este 2022, y por lo que viene: “Mercedes fue secuestrada con su familia, el 20 de mayo de 1976, en Monteros, Tucumán, con su hijo de apenas nueve meses y también sus abuelos, Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales. Cuatro días después secuestraron a sus tíos José Silvano Morales, Juan Ceferino Morales y Julio César Morales, todos se encuentran desaparecidos. Fue una tía abuela materna, Máxima Rita Romero de Morales, quien, con el retorno de la democracia, denunció la desaparición de toda su familia”, señala el texto de Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina). Esta historia trágica, de muchas familias argentinas, es para no olvidar, y sobre todo para celebrar la alegría de que se encontró al nieto 132,
restituyéndole su identidad: “Defender la alegría como un derecho, defenderla de dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y de las lástimas, del azar y también de la alegría” (M. Benedetti). No a la censura, no al lawfare, no olvidar, y bravo por las Abuelas y su lucha perenne contra las uvas de la ira. Eso hace más feliz, desde ahora, el 2023.
