En 1975, en mayo, surge formalmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), órgano cupular del sector privado: una organización de organizaciones. En su fundación plantea la distancia clara frente a las reglas del sistema político mexicano, como expresión de desconfianza y crítica al papel del Estado. R. Cordera y C. Tello (México: la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo, 1981), apuntan sobre la constitución del CCE que “vino a inclinar aún más una relación de fuerzas que era y ha seguido siendo en lo fundamental favorable a los empresarios”.
Desde su fundación, el CCE ha marcado la cancha claramente, al señalar que la empresa privada es la célula básica de la economía, lo que encuentra un correlato en que la actividad económica “corresponde fundamentalmente a los particulares”. Este paradigma ha rebasado las fronteras de las organizaciones empresariales y muchos de los espacios de lo político, irradiando la narrativa al conjunto social. Desde esa lógica, se trata de un plus de la acción coordinada del empresariado en la construcción de sentido común, de aceptar esta narrativa como algo dado, “natural”. En fin, esa enunciación empresarial ha acompañado la acción del CCE desde su fundación, es decir, la disputa por la nación tiene al empresariado organizado con ideas consistentes desde sus orígenes, y con un proyecto de nación que sustentan en sus múltiples acciones.
Repensando la disputa por la nación, en la entrega editorial a Nexos (La nueva disputa por la nación, enero 2010, núm. 385), nuevamente Cordera y Tello aluden a una confrontación, reafirmando las posturas, entre la opción neoliberal, conformada por fuerzas sociales y formas de organización económica de la posguerra con proclividad a la integración a Estados Unidos de América, lo que trasluce el “deterioro del contenido de masas que todavía caracteriza al Estado mexicano”, por un lado, frente a una segunda opción de corte nacionalista, como reactualización del proyecto nacional con base en la Revolución, y que pugna por la integración económica nacional y la disminución de la desigualdad. Dicen los autores citados que “…el proyecto nacionalista es el camino más sólido y consistente que las fuerzas populares tienen hoy para avanzar hacia un cambio social más profundo y generalizado”. Hasta aquí se está hablando del 2010, aunque con algunos jaloneos –no muchos- podríamos pensar la coyuntura actual.
Su argumentación se apoya en la premisa de que en la política económica asumida desde 1982 –como almanaque en el que se concreta la disputa por la nación-, tres décadas, no se aprecian los frutos esperados. De nueva cuenta, podemos señalar desde nuestro observatorio analítico hasta el gobierno de Peña Nieto había una continuidad en la espera de frutos (y la historia, con matices y pandemia incluida, deja ver el legado neoliberal en el presente).
De la fundación del CCE deviene el ascenso de una clase política que responde al ideario empresarial –Miguel de la Madrid en su toma de posesión aludiría a la necesidad de disminuir el tamaño del Estado-, y en el transcurso de su gobierno, concretaría su estrategia de apuntar por un “Estado fuerte y eficiente”, frente a un Estado obeso e incapaz, esto es, del credo y definición de que la economía sin Estado, una economía de mercado, “siempre será más eficiente y racional que la pública”, desde la lógica del capital, aunque en la otra opción se pugna por “construir el Estado de bienestar” (Cordera y Tello, 2010).
Desde 1982 hasta 2010, hay una consolidación del discurso y práctica empresariales. Se trata de una historia encadenada. No hay sorpresas, el CCE se construye frente a la desconfianza hacia la clase política, pero desde antes del surgimiento de la organización cupular del empresariado, varias décadas antes, el empresariado organizado de manera más local (los casos en las tres entidades federativas con mayor desarrollo económico) emprende la tarea de formar sus propios cuadros: en marzo de 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara –en esos años Universidad Autónoma de Occidente-, en respuesta directa a la política educativa del gobierno de Lázaro Cárdenas; en 1943 se fundan la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (bajo el empuje de Eugenio Garza Sada); en 1946 se funda el Instituto Tecnológico Autónomo de México (en sus orígenes, denominado Instituto Tecnológico de México), con el liderazgo de Raúl Baillères Chávez, distinguido empresario, y padre de Alberto Baillères (Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro, entre otros, y en los coqueteos políticos de F. Calderón, la Medalla Belisario Domínguez). Algunos especialistas en cuestiones educativas hablan de la empresarialización de las universidades, con sus matices, fenómeno que por cierto no incluye solamente a las instituciones privadas, está presente en la universidad pública, en los planes y programas, la bibliografía dominante, entre otras. El CCE es el correlato de esta historia larga. En todo momento los empresarios no han dejado de hacer política, como acción organizada para defender sus intereses, e imponer las más de las veces sus criterios.
No quiero dejar de mencionar algo planteado por Cordera y Tello –y que quizá ellos no coincidan en la lectura del presente- que me parece explica parte de la situación actual, con un empresariado gozoso por haber frenado la reforma energética lopezobradorista y dirigentes de bancadas partidarias subsumidos en la lógica del empresariado (léase CCE y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que sin duda tienen informalmente sus propias bancadas, como lo sugerimos en la anterior colaboración): “Más que una práctica ‘normal’ de pluralidad partidaria (cabildeo y participación, deliberación política corporativa de los grupos de poder económico para buscar la construcción de consensos operacionales o de largo plazo), hoy se vive una abierta ‘colonización’ de la política democrática y del propio Estado por parte de las elites de la riqueza”. Este último argumento puede dar lugar a discusión, de que servía para explica otro momento, no el actual, o que reedita la discusión, de que unos no ponen el acento en la patria (traidores a la patria, se ha señalado, aunque es un término nada nuevo), sino en las corporaciones. Pregunto, hoy por hoy, olvidemos el 2024: ¿los resultados no vinieron “a inclinar aún más una relación de fuerzas que era y ha seguido siendo en lo fundamental favorable a los empresarios”?
