Remontémonos unos años atrás. En un documento publicado en 2007, Ulrich Beck planteaba que Alemania (y el mundo occidental en general) presentaba una tendencia a la caída del empleo “típico” (el de los gloriosos treinta años, el taylorista-fordista), lo que acercaba a los países ricos, desarrollados, a la situación de los países del Sur, bajo el efecto Brasil, la brasileñización de Occidente. ¿Qué características le distinguen? La respuesta apuntaba a la “irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal”. Así las cosas, podemos hablar de brasileñización o bien mexicanización, pues esas características están presentes en lo ordinario en nuestro país. Ilustramos gráficamente lo que planteaba Beck.
Este escenario exige, sin duda, modificaciones en la actual coyuntura sanitaria. Asimismo, la brasileñización está más cerca que nunca en la realidad del trabajo mundial.
Ahora atisbemos en años recientes en México, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En la estadística oficial mexicana, en la franja del 40%, los trabajadores mexicanos no tienen acceso a prestaciones de Ley, con el efecto inmediato en ellos y en su descendencia. Vale señalar, asimismo, que en la información sobre el sector informal hay un subregistro, por las dificultades de contar con información de un conjunto de actividades, por ejemplo, el caso más claro, de las actividades ilícitas. Varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son ignorados en esta realidad laboral: la realidad mata la normatividad jurídica.
Como se señaló en una colaboración anterior, de cada 100 trabajadores, un poco más de 50 tienen contrato escrito –más allá de su temporalidad-, lo que pone claramente sobre la mesa la condición de inseguridad e incertidumbre que está presente en la realidad laboral mexicana. En este campo problemático podemos acudir a A. Bialakowsky, sociólogo argentino, cuando distingue en lo pertinente a condiciones de trabajo a las condiciones vitales, que son las registradas en las leyes y normas laborales (en el caso mexicano, lo consagrado en la Ley Federal del Trabajo y que Bialakowsky caracteriza como “los requisitos mínimos debajo de los cuales peligra la sobrevivencia del trabajador, ya sea por causa de mortalidad, morbilidad o discapacidad que afectan tanto la vida en sí como la vida laboral del trabajador”), y las básicas de trabajo, que son el resultado de la contratación colectiva, y que se sitúan por encima de este piso mínimo jurídico-laboral. El surrealismo mexicano aporta un tercer desnivel: el sótano en las condiciones de trabajo, con una invisibilidad que vulnera al sujeto.
Ha aumentado el número de trabajadores ubicados en las jornadas más cortas. Al mismo tiempo, se aprecia una disminución en el número, en relativos, de trabajadores ubicados en las jornadas más extensas. En la jornada de trabajo que va de 35 a 39 horas, no se puede concluir que haya disminuido. Enfáticamente dicho, este proceso de cambios en los tiempos de las jornadas de trabajo, en su acortamiento en algunos casos, no son producto de las exigencias y luchas de los trabajadores, sino de las estrategias del capital, y de una política de Estado que las cobija, al menos hasta el pasado reciente.
En otra instantánea se distingue a los que trabajan y perciben ingresos, por otro lado la disminución del trabajo sin pago, que seguramente tenía como propósito central contribuir al sustento familiar, que en general ha vivido una disminución; sin embargo, donde más se concentra es en las unidades económicas más pequeñas, las más frágiles. Ya que hemos aludido a ingresos, veamos cómo se presenta el problema en la realidad laboral mexicana. Ubiquemos en el siguiente cuadro cuatro años registrados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI), para constatar lo que estamos afirmando.
Pasando estos datos poblacionales absolutos a porcentajes, nos permite apreciar claramente que los grupos de más recursos se han estrechado, en tanto han aumentado los porcentajes en los grupos que perciben menos ingresos.
Para una mayor visualización del problema, grafiquemos estos datos.
Siguiendo nuestra forma de exposición, si solamente tomamos dos polos de esta información, se ilustra claramente lo enunciado.
Una brecha que deja ver la situación de maltrato de una gran parte de mexicanos, que contrasta con las minorías compactas que concentran la riqueza, que aquí apenas se deja ver. Vale señalar que el aumento acordado al salario mínimo no modifica la desigualdad estructural.
En el caso específico de los trabajadores que perciben hasta un salario mínimo, la tasa de crecimiento fue de 43,4 puntos; pero si se atiende a la franja que percibe más de cinco salarios mínimos (que también presenta disparidades pues no es lo mismo percibir 6 salarios mínimos que n’ salarios), la tasa de crecimiento fue de menos 47,1 puntos. Esto indica con claridad un proceso, que no ha tenido pausa hasta ahora (si lo hacemos en una línea del tiempo amplia se confirma todavía más), de ensanchamiento de la desigualdad.
Sin contar a los que no especifican, y entonces considerando solamente a los que señalan no percibir ingresos o sí los perciben, encontramos que el 73,3% se ubica en la población que percibe desde hasta un salario mínimo hasta tres salarios mínimos, frente al 5.1% que perciben más de cinco salarios mínimos.
Se aprecia en lo expuesto que aumentó la población que percibe menos ingresos, con la disminución en la población que se acomoda en la percepción de mayores ingresos. Este es un dato histórico, no por la franja temporal considerada, sino por su expresión en la historia salarial mexicana.
Los de más bajos ingresos son los trabajadores afiliados a la pobreza, la desigualdad y futuros inciertos; los que perciben los más altos ingresos están muy por encima de las preocupaciones ordinarias, es decir, de lo que significa estar cerca del pago de lo básico para seguir subsistiendo. Traigamos a la memoria la aportación de un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana, Puebla, en el cual se señalaba con información hasta 2014, con las proyecciones consecuentes –pero sigue vigente-, que el salario mínimo debería alcanzar los 548 pesos diarios, considerando el paso de lo crudo a lo cocido, y que los alimentos requieren del equipamiento y herramientas básicas para su procesamiento (esta información se publicaba en distintos medios en junio de 2014.
Los trabajadores universitarios en general contamos con beneficios, producto de las luchas sindicales y de los esfuerzos de las comunidades universitarias, que no están presentes en otros destacamentos de trabajadores. Ya en una interesante reflexión de Manuel Gil Antón (investigador de El Colegio de México), no obstante se subrayaban los abismos entre los profesores de tiempo completo, los de medio tiempo y los temporales (Boletines UAM, Número 622 del 10 de septiembre de 2018 y el Número 503 del 19 de julio de 2018). En un ejercicio más amplio, habría que reflexionar asimismo sobre los salarios de los trabajadores académicos y los que sin realizar labores de investigación o docencia, contribuyen con su trabajo en las labores sustantivas de la Universidad, es decir, los trabajadores administrativos.
Tratamos de exponer aspectos polares para señalar la necesidad de cambios en la relación Estado-sociedad en materia del trabajo. En lo inmediato, bajo el argumento de la narración de una pandemia que recorre al mundo, justamente pensando en la salud, se debe visibilizar la situación de los trabajadores mexicanos. Esto exige fortalecer las condiciones básicas y vitales, para inhibir el sótano indigno en el que transcurren las experiencias de trabajo de millones de mexicanos.
Departamento de Producción Económica, UAM-X
