9 de marzo, 2023. Pedro Castillo, ex presidente de Perú, maestro rural, al que no se le permitió gobernar un día -a pesar de haber ganado con los votos del Perú pobre-, es condenado a continuar en prisión: el “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los Ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento". Al mismo tiempo de esta noticia, para desdibujar lo feo, como parte de la escena, Álvaro Vargas Llosa (para que no quede duda de que se trata del hijo -con todos los apellidos de la nobleza- del hechicero de la tribu (A. Borón dixit), señalaba sobre su padre Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (JMPVLl), como es su nombre completo: "En palacio de Gobierno con motivo de la condecoración El Gran Collar de la Orden del Sol del Perú que le impuso esta noche a mi padre la presidenta Boluarte". Agregamos, merecido reconocimiento en lo literario, muy oportuno en lo político para Boluarte y el conservadurismo internacional, al que está adscrito el premio Nobel.
Ya encarrerados, D. Boluarte señaló que JMPVLl es “un defensor estoico de la democracia y la libertad” (hay gente para todo). Devolviendo el balón, bueno, la gentileza, JMPVLl argumentaba que es injusto " sostener, como lo hacen algunos grupos interesados, que en el Perú se ha producido una ruptura del orden constitucional y de la democracia”, volteando no solamente hacia AMLO, al señalar que “algunos gobiernos de la región latinoamericana, movidos por razones ideológicas o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos... poniendo en duda la legitimidad” de la gestión de Boluarte.
9 de marzo, 1956. Situémonos en Argentina. El general Juan Domingo Perón, víctima del golpe militar de Aramburu, es proscrito -desterrado, prohibido, enemigo público-. El Decreto-Ley No. 4161 señala taxativamente: “Se decreta que queda prohibido en todo el territorio de la Nación: La utilización con fines de afirmación ideológica peronista o de propaganda peronistaˮ “de las imágenes de símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, que pretendan ese carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por individuos representativos y organismos del peronismo. Se considera violatorio de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, justicialismo, justicialista, tercera posición (ˮ¦..) las composiciones musicales denominadas “Marcha de los muchachos peronistasˮ y “Evita Capitanaˮ […] a quienes infrinjan este decreto le corresponde de 30 a días a 6 años de prisión”.
Mirando hacia atrás, y teniendo como referente el ejercicio de la proscripción -ahora la pareja Ortega- Murillo es adalid en esto-, es difícil coincidir con Gino Germani, cuando distingue entre democracia y formas totalitarias: “mientras la primera intenta fundarse en una participación genuina, el totalitarismo utiliza un ERSATZ -sustituto- de participación, crea la ilusión en las masas que ahora son ellas el elemento decisivo, el sujeto activo, en la dirección de la cosa pública. Y sobre aquella parte que queda excluida hasta de esta pseudoparticipación, logra aplicar sus mecanismos de neutralización”. Quizá en esta mirada analítica se contiene, al mismo tiempo, lo que Eliseo Verón señala sobre Germani: “No estamos recriminando a Germani el ser -como se ha señalado- ‘el mayor representante del estructural-funcionalismo en América Latina’. Lo objetable es ese mecanismo que transforma el discurso científico en un discurso ideológico; presentar los resultados conceptuales de decisiones teóricas y los principios de una estrategia cultural que descansan en una ideología, como algo ‘natural’ en nombre de la ciencia”.
9 de marzo, 2023. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner es condenada a 6 años de prisión (la fórmula temporal aramburista) por administración fraudulenta y es inhabilitada a ocupar cargos públicos de por vida -una causa sin fundamento jurídico, bien manejada como espectáculo por los medios hegemónicos-. Su lucha alude a la puja redistributiva, pero también a la expansión en el acceso de la ciudadanía social -los gobiernos kirchneristas apuntaron hacia estos objetivos-. Desde la mirada del poder judicial y sus amigos, la respuesta a este atrevimiento: Aramburu revisitado por los fiscales y el poder judicial. Disputa y descalificación que rebasa el almanaque reciente.
No hay desconexión en los 9s de marzo. De larga data lo enunciado por R. Prebisch: “Tras larga observación de los hechos y mucha reflexión, me he convencido que las grandes fallas del desarrollo latinoamericano carecen de solución dentro del sistema prevaleciente. Hay que transformarlo […] Es un sistema excluyente”. Traigamos a Guillermo O’Donnell, intentando “comprender” algo que rebasa la coyuntura, tejiendo nexos que manifiestan la imposición de un poder sobre otros, del judicial sobre el ejecutivo, para mantener los privilegios de los grupos económicamente dominantes, acostumbrados a no pedir permiso.
Plantea O’Donnell que “las posiciones superiores de gobierno suelen ser ocupadas por personas que acceden a ellas luego de exitosas carreras en organizaciones complejas y altamente burocratizadas- Fuerzas armadas, el Estado mismo, grandes empresas privadas; b) son sistemas de exclusión política en el sentido de que apuntan a cerrar canales de acceso al estado al sector popular y sus aliados, así como a desactivarlos políticamente […] c) son sistemas de exclusión económica, en el sentido que reducen y postergan hacia un futuro no precisado las aspiraciones de participación económica del sector popular; d) son sistemas despolitizantes, en el sentido que pretenden reducir cuestiones sociales y políticas públicas a problemas ‘técnicos’, a dilucidar mediante interacciones entre las cúpulas de las grandes organizaciones arriba referidas”. Agreguemos a las organizaciones complejas la carrera judicial, incluso desde el espacio universitario en la formación de sujetos académico-políticos; asimismo, sumemos al cierre de canales de acceso al estado el traje a la medida que significa la proscripción.
Como formulación estratégica de crear un escenario, se trata de una ingeniería política que se expresa en la coyuntura, pero que revisando lo histórico, la desborda.
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