Al cumplir tres años al frente del área responsable de garantizar los derechos humanos desde el Gobierno de México, presenté un informe en el que evaluamos las circunstancias que enfrentamos respecto a la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, dejando atrás el diagnóstico y el señalamiento crítico de la crisis que heredamos, para rendir cuenta de los resultados alcanzados.

Partimos de asumir que enfrentamos una crisis estructural, incubada a lo largo de décadas, que exige restablecer la presencia, las responsabilidades y las capacidades del Estado mexicano, diezmadas por las omisiones y la falta de actuación de gobiernos anteriores que pretendieron minimizar la gravedad de esta situación.

Dos ejes han articulado nuestra actuación: primero, establecer una nueva relación con las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, asumiendo la centralidad de éstas para enfrentar la crisis y dictar acciones y políticas para actuar de manera conjunta, y segundo, el desarrollo de políticas y acciones para fortalecer las capacidades institucionales del Estado para atender esta situación y dar respuestas concretas, en medio de una pandemia que ha afectado severamente la vida cotidiana de nuestra sociedad.

Tras años de abandono y ausencia gubernamental, ahora se atienden todos los frentes, la búsqueda de personas; la crisis forense y de identificación humana; la violencia familiar y las violencias contra niñas, niños y mujeres; el embarazo infantil y adolescente; las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; los conflictos en comunidades indígenas y los derivados de la disputa del territorio y los recursos naturales; las crecientes solicitudes de refugio; la amnistía a personas privadas de libertad; la discriminación; la atención a víctimas; el derecho a la identidad y la atención a casos ante organismos internacionales de derechos humanos.

En estos tres años se destinaron recursos sin precedentes para fortalecer la infraestructura y las capacidades en materia de derechos humanos: 2 mil 471 millones de pesos, de los cuales mil 247 millones se canalizaron al fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y las capacidades forenses; 310.2 millones para la construcción y mejoramientos de Centros de Justicia para las Mujeres; 349 millones para atender las violencias contra las mujeres en las entidades con alerta; 75.8 millones para el fortalecimiento de los registros civiles, y 488.5 millones para el cumplimiento de las sentencias dictadas por organismos internacionales.

De la experiencia y los resultados alcanzados, para el segundo tramo del sexenio y en particular para 2022, se han definido once prioridades para revertir los problemas estructurales presentes:

Continuar con la investigación en la Comisión de Ayotzinapa e instrumentar los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo conocido como Guerra Sucia. Abatir la crisis forense y avanzar en la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Establecer el Programa Nacional de Reparaciones. Fortalecer las capacidades locales para atender las violencias contras las mujeres. Rediseñar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y crear el sistema nacional de prevención y protección. Enfrentar el desplazamiento forzado interno. Atender a personas solicitantes de refugio y protección complementaria, incrementando la capacidad para abatir el rezago existente. Combatir el embarazo infantil y adolescente, así como la violencia sexual contra menores de edad y el matrimonio forzado. Atender los conflictos en las comunidades indígenas. Impulsar la Cédula Única de Identidad, y, de manera especial, abatir la impunidad, que sigue siendo el principal obstáculo, el que alienta las violaciones graves a los derechos humanos, porque en tanto no se castigue a quienes cometen delitos, difícilmente se revertirá esta crisis.

Ello requiere multiplicar esfuerzos, capacidades y recursos. Se trata de una tarea fundamental en la construcción de un nuevo régimen democrático. El país ha cambiado y a diferencia del pasado “ya me cansé”, transitamos al no habrá descanso hasta alcanzar justicia.

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

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