Uno de los objetivos prioritarios que nos hemos planteado es fortalecer las capacidades del Estado Mexicano para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y enfrentar las violaciones graves a estos derechos que se registran en el país.
Este proceso no ha estado exento de inercias y resistencias institucionales, que en muchos casos han frenado el desarrollo de las capacidades institucionales, humanas y estratégicas locales, por ejemplo, para dar respuesta a la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o para hacer frente a la crisis forense que registra más de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes o los servicios forenses de las entidades de la Federación.
Si bien en estos cuatro años se han canalizado subsidios federales a las 32 comisiones locales de búsqueda, por más de mil 100 millones de pesos, para adquirir equipo especializado para búsqueda o para el desarrollo de capacidades forenses para identificación, es necesario reconocer que falta consolidar la coordinación de autoridades de los distintos órdenes de gobierno para desarrollar un modelo transversal y una política integral de garantía y protección a los derechos humanos, que asuma esta obligación constitucional, como una acción del Estado mexicano.
En este afán, la semana pasada se realizaron dos reuniones con representantes de 31 entidades federativas, secretarías generales de Gobierno, secretarios de finanzas, de 21 fiscalías estatales y titulares de las Comisiones Locales de Búsqueda para fortalecer la política pública y el trabajo coordinado para afrontar esta problemática.
En estos encuentros se suscribió una Carta de Entendimiento que busca consolidar el acceso de los derechos de las víctimas mediante el mecanismo nacional de seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas al Estado mexicano.
Esta Carta busca replicar en cada entidad federativa y con las autoridades involucradas en el cumplimiento de estas recomendaciones internacionales, para incentivar una estrategia nacional que contemple a los tres órdenes de gobierno, a los poderes de la unión y a organismos autónomos, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la participación de representantes de las familias y los colectivos que los acompañan.
Se trata de romper las inercias institucionales que han obstaculizado el trabajo y frenan el acceso de las víctimas al ejercicio de sus derechos, favoreciendo la impunidad. Muestra de ello, son los datos revelados recientemente por el Inegi en materia de justicia para el presente año, que dan cuenta de que el 93 por ciento de los delitos que se cometen en el país, no se denuncian, y del porcentaje que se denuncia, el 91 por ciento no llegan nunca ante un juez, y cuando llegan, más de la mitad de las causas penales se resuelven por sobreseimiento por prescripción.
Con este acuerdo se busca innovar en el proceso de atención a la desaparición de las personas, mediante el diálogo y el trabajo conjunto que impacte en el territorio y en la experiencia de las víctimas. Se trata de sumar voluntades federales y locales con funciones activas para dar resultados tangibles; romper con la simulación y dar resultado con los más altos estándares internacionales.
Al momento, se han sumado formalmente a este mecanismo nacional, 27 secretarías generales de Gobierno y 25 fiscalías estatales. Esperamos que a la brevedad se sumen las restantes a esta encomienda que busca no solo la coordinación de los esfuerzos y capacidades institucionales de las diferentes autoridades, sino asumir que se trata de un asunto de Estado en el que se debe cumplir con una responsabilidad para garantizar el derecho de todas las personas desaparecidas a ser buscadas, y en su caso, a ser identificadas garantizando su retorno digno con sus familiares.
Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración
