Más allá de la estridencia y desplantes tras el nombramiento de la primera mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hecho que alienta la consolidación de una cultura de inclusión de las mujeres en la vida pública, la discusión debería concentrarse en la urgente necesidad de realizar las transformaciones que requiere el Poder Judicial de nuestro país, que lejos de garantizar la impartición de justicia se ha instaurado como un espacio privilegiado de la impunidad.
En palabras de la ministra presidenta, su anhelo por “trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, aspiraciones que compartimos, deben dar paso a transformar un sistema de justicia distante de la sociedad, que se resiste a depurarse, a incorporar la perspectiva de derechos humanos, a escuchar las críticas a su labor y trabajar para encaminar el acceso a la justicia para imprimir de manera efectiva un verdadero ejercicio democrático y transversal del derecho.
Durante la presente administración hemos pugnado por garantizar el acceso de todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos; que cada persona sea escuchada, que quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos encuentren respuestas y dejen de continuar enfrentando las diferentes tipos de violencias institucionales y los entramados legales que favorecen la impunidad.
Repensar la independencia del Poder Judicial de manera seria, trasciende el recurso mediático de romper protocolos. Pensar en su fortalecimiento, implica generar mecanismos adecuados para garantizar que los juzgadores no estén supeditados a intereses económicos, políticos o cualquier otra índole de grupos de interés, que distorsionan su encomienda de garantizar justicia.
Reflexionar y actuar para resolver la ineficiente efectividad en la resolución de casos de un sistema de justicia, que mantiene tasas de 93 por ciento de denuncias de delitos sin resolver, debería estar en el centro de las preocupaciones, más aún cuando ello repercute de manera negativa en la vida social, pues la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es apenas de 1.1 por ciento.
Es urgente revisar el actuar de los juzgadores, para que se garanticen los principios constitucionales, para que respondan a las demandas sociales de acceso a la justicia, para que antepongan el principio de justicia, la dignidad de las personas, el bienestar y las necesidades sociales.
Democratizar el Sistema de Justicia, requiere que el Consejo de la Judicatura se constituya en un órgano autónomo, independiente de la SCJN y su titular, para erigir un contrapeso que permita la rendición de cuentas y una adecuada impartición de justicia, analizar regularmente la jurisprudencia que afectan los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, para fortalecer el sistema de justicia que ponga en el centro a las víctimas.
Es necesario revisar y armonizar las leyes. Por ejemplo, en materia de amparo recuperar su principio protector, erradicando los tecnicismos legales que más que proteger, dilatan la justicia. Ejemplo de ello es el amparo cuando se trata de desaparición.
Una verdadera autonomía pasa por el ejercicio ético del trabajo jurídico. Democratizar también es generar mecanismos de transparencia, de impugnación ante actos que pongan en duda el principio progresivo de los derechos fundamentales.
Repensar el papel del Poder Judicial es fundamental para que nuestro país tenga una transformación efectiva, exige tomar decisiones de política judicial de mayor impacto social para contrarrestar el anquilosamiento, la corrupción y la impunidad, para que verdaderamente nuestro país tenga un Sistema Judicial adecuado y sensible a las diversas realidades de nuestro país. Eso es lo que se debería discutir hoy.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.
