El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024, el cual será el instrumento de planeación que guiará la política nacional de respeto y garantía de los derechos humanos, para consolidar una cultura de tolerancia y responsabilidades compartidas, incorporando el enfoque de derechos humanos en toda acción y programa de gobierno.
El programa es resultado del trabajo y consulta con víctimas, colectivos, personas expertas, defensoras de derechos humanos, académicas y servidoras públicas, y refleja sus ideas y exigencias, reiterando que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas son los pilares de la gestión pública.
Por su carácter transversal, el Programa articulará las acciones del Estado mexicano para la atención de los problemas apremiantes de derechos humanos, tomando en cuenta las particularidades de las personas, grupos y comunidades, por lo que, en su implementación, participarán todas las dependencias de la Administración Pública Federal, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación.
El Programa identifica las causas estructurales que condujeron a la actual crisis de derechos humanos, lo que permitirá enfrentar los problemas considerando las brechas de desigualdad, los rezagos y las afectaciones históricas de distintos grupos de la población, reconociendo que los problemas complejos requieren soluciones integrales.
El Programa atiende los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, y establece mecanismos de coordinación de las acciones para combatir violaciones graves a los derechos humanos como la trata de personas, la tortura y la desaparición de personas.
Entre otros aspectos, reconoce la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las víctimas. Es claro que no basta con el reconocimiento, por ello el documento plantea las acciones, estrategias y objetivos concretos para atender y revertir esta situación.
El Programa permite transitar de un esquema reactivo a uno preventivo, dando un viraje a la atención de violaciones a los derechos humanos, partiendo de la premisa de que, en tanto no se resuelvan las causas que dieron origen a esta crisis, los problemas subsistirán.
El objetivo es construir un nuevo paradigma en las políticas del Estado mexicano y sus instituciones, para que, de forma coordinada, se creen los instrumentos y las condiciones para revertir esta crisis.
La suma de esfuerzos y la participación de la sociedad, la colaboración con los tres órdenes de gobierno, la coordinación con los Poderes de la Unión y los organismos autónomos, serán la clave del éxito para su implementación y para transitar a un país donde los derechos humanos, su respeto y garantía estén vigentes.
El Programa representa el piso mínimo en la materia. Es necesario pasar del papel a la acción, y generar un cambio en la atención a los derechos humanos; se trata de materializar un impacto positivo en toda persona como sujeto pleno de derechos en nuestro país.
Para ello, es imprescindible trabajar de la mano con la ciudadanía, socializar el Programa, y que éste sirva como puente entre las exigencias sociales y las obligaciones del Estado, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas.
