El mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se creó en 2012 como una medida extraordinaria ante la falta de atención de la autoridad, de las omisiones de las fiscalías y el incremento de las agresiones contra estos sectores de la población.
Al inicio de la actual administración, se encontraban incorporadas al Mecanismo 798 personas, a la fecha están registradas 1,506 personas (827 hombres y 679 mujeres), lo que representa un incremento superior al 88%. De éstas, 495 son periodistas y 1,011 personas defensoras, quienes se concentran en 10 entidades federativas: Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
De 2018 a septiembre de 2021 han sido asesinadas 96 personas defensoras de derechos humanos, 2 de ellos incorporados al Mecanismo y 47 periodistas; de los cuales 7 estaban incorporados. En el caso de defensoras solo se han emitido dos sentencias, es decir, existe 99% de impunidad; en el caso de periodistas, existen solo 5 sentencias con una impunidad del 89.37%, lo que envía un mensaje de impunidad a los agresores. A ello se suma la combinación entre corrupción e impunidad; el incumplimiento de las obligaciones de los estados y municipios en la materia, así como la intolerancia y la falta de cultura política sobre la labor periodística y de personas defensoras de derechos humanos.
Seis entidades concentran 67% de los homicidios a personas defensoras de derechos humanos (63): Guerrero (21), Oaxaca (14), Chihuahua (8), Chiapas (8), Veracruz (8) y Michoacán (8). Las entidades que concentran el 61% (29) de los homicidios de periodistas son: Sonora (8), Guerrero (5), Veracruz (5), Michoacán (4), Estado de México (3) y Oaxaca (3).
El perfil de los agresores está vinculado principalmente a servidores públicos municipales en el 43% de los casos, seguido de la delincuencia organizada con 33.5%. El crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales y estatales lo que ha incrementado los riesgos de las labores de defensa de derechos humanos, principalmente en la defensa del territorio y el medio ambiente, así como la labor periodística .
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales, el mecanismo se ha vuelto un espacio de primer contacto. El 85% de las medidas otorgadas por el mecanismo recaen en el presupuesto federal. Es importante mencionar que algunos gobiernos locales no solo no quieren asumir su responsabilidad, sino que además son parte del problema.
El mecanismo no tiene dentro de sus atribuciones implementar directamente acciones de prevención del delito, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad. Tampoco cuenta con atribuciones para erradicar la violencia en las entidades federativas.
La política de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe de ser una política de Estado , que involucre a las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Una política de coordinación interinstitucional para implementar acciones que logren disminuir las agresiones que en su mayoría provienen de autoridades municipales, en muchos casos en complicidad con el crimen organizado , quienes hoy son el principal factor de riesgo.
Es necesario establecer los marcos normativos en la materia a nivel federal y estatal; crear un Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ; fortalecer el combate a la impunidad y garantizar el acceso a la justicia; estableciendo convenios de coordinación con las 32 entidades federativas para la prevención, atención y erradicación del fenómeno, enviando un mensaje contundente de cero tolerancia a los perpetradores de estos delitos.
En tanto no exista voluntad en los gobiernos locales, las fiscalías y los jueces, así como una cultura política democrática en los municipios, para combatir la impunidad, la corrupción y falta de justicia, la violencia que enfrentan estos sectores difícilmente podrá ser erradicada.
