En las últimas semanas se ha registrado una campaña que busca desvirtuar el informe preliminar que presentamos sobre los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

Era totalmente predecible. Estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad jamás se imaginaron que llegaríamos a actuar y consumar acciones firmes y ejemplares.

En esta operación, los defensores de la “verdad histórica” han llegado al exceso de defender abiertamente a quienes torturaron para obtener confesiones a modo y a quienes participaron, desde distintos ámbitos del poder, en el ocultamiento de elementos fundamentales para la búsqueda inmediata de los normalistas, esclarecer su desaparición e identificar a los presuntos responsables, manifestando un profundo desdén hacia las víctimas y sus familiares.

Con ello, se pretende entorpecer la investigación desinformando; buscando desprestigiar el trabajo por la búsqueda de la verdad, de la que cada día estamos más cerca. Lo que no nos distrae de nuestro objetivo: conocer la verdad de los hechos, encontrar a los muchachos y aportar información a la Fiscalía para que haya justicia.

Desde el inicio de nuestros trabajos hemos enfrentado inercias y resistencias del pasado, filtración de información y datos sensibles e incluso espionaje. Hoy nos encontramos en un momento de inflexión, sacudiendo las redes de intereses y complicidades en torno a estos dolorosos hechos, sobre los que ya se cuenta con suficientes elementos para llegar al núcleo de la verdad.

Hemos señalado que durante la trágica noche de Iguala y días subsiguientes se cometió un crimen de Estado. Hemos develado cómo operó el viejo régimen en la creación de una “verdad histórica”. Cómo actos de barbarie de la guerra sucia, como la desaparición forzada, se trasladaron de la escuela de contra insurgencia a la delincuencia organizada, en una asociación criminal entre delincuentes con autoridades de distintos órdenes de gobierno.

Mantenemos una estrecha relación con las familias, con las organizaciones y abogados que los acompañan; con la Fiscalía especial y con el GIEI, fortaleciendo líneas de investigación y una ruta de trabajo en este proceso hacia la verdad. A diferencia del pasado no buscamos construir una ruta única e inatacable. Nuestro objetivo es conocer la verdad sobre estos hechos y el paradero de los estudiantes.

La verdad es un derecho humano fundamental y condición para acabar con la impunidad y la colisión entre delincuencia y autoridades para cometer crímenes atroces. En ello no hay marcha atrás.

Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración

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