“El Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, con esta frase y de manera tajante el Presidente de la República iniciaba el cierre de su mensaje al pueblo de México con motivo del primer Informe de Gobierno.
Dejando atrás la retórica tradicional del discurso del viejo régimen, el Presidente habló sin triunfalismos ni ambigüedades, rindiendo cuenta de las acciones emprendidas durante los primeros nueve meses de su gobierno para la edificación de un nuevo orden, asumiendo como su eje rector la dignidad humana y el respeto irrestricto a los derechos de todas las personas.
“No se tolera la tortura ni violaciones a los derechos humanos”; “Dedicamos recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia”; “Todos los días trabajamos para encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa”; “Se brinda protección a periodistas y a defensores de derechos humanos”; “Se iniciaron preparativos para rescatar a los mineros caídos en la mina de Pasta de Conchos”; “Ni el Ejército ni la Marina se han utilizado ni utilizarán para reprimir al pueblo”, subrayó.
Desde el primer acto público celebrado el 3 de diciembre de 2018 en Palacio Nacional con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, donde se anunció el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, hasta el anuncio del reconocimiento de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, el pasado 30 de agosto, la ruta emprendida marca un vuelco respecto a la actitud adoptada por las administraciones anteriores que pretendieron invisibilizar la grave crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos derivada de la equívoca política de seguridad y de las omisiones, cuando no la complicidad de la propia autoridad, para dar paso a una política de respeto, protección y garantía de los derechos humanos.
Ello lo confirma: la aceptación de la responsabilidad del Estado en la desaparición de 27 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos de la Armada de México, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en diciembre del año pasado; el ofrecimiento de disculpas públicas a la periodista Lydia Cacho por la tortura sexual de que fue objeto; así como la reivindicación de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por elementos de las fuerzas armadas, y en coordinación con los gobiernos de los estados, las disculpas públicas a los familiares de los jóvenes asesinados por policías municipales en Tierra Blanca, Veracruz, y a las víctimas de la masacre en el municipio de Allende, Coahuila.
Al mismo tiempo, se trabaja en procesos de reconciliación entre comunidades confrontadas por diferentes causas; se reconoce y adoptan políticas para atender el desplazamiento forzado, y se avanza en la liberación de presos políticos y en la presentación de una Ley de Amnistía, entre otras acciones.
El Presidente ha definido como prioridad la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, en especial la búsqueda en vida. Para ello, ha insistido, no se escatimarán recursos. Así se fortalecen las capacidades de la Comisión Nacional y del Sistema Nacional de Búsqueda; se da cuenta de información que permaneció oculta durante años; se encara la emergencia forense y de identificación humana que sufre el país; se revisa a fondo el papel de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y, fundamentalmente, se reconoce el papel central de las familias en las tareas de búsqueda.
Se avanza, pero falta mucho por hacer. El contexto de violencia en el país prevalece. La intolerancia agravia a periodistas y defensores de derechos humanos, quienes siguen siendo objeto de ataques a su integridad; surgen discursos xenofóbicos y discriminatorios contra las personas migrantes en distintas regiones del país, en momentos en que las solicitudes de refugio alcanzan 40 mil personas; el feminicidio y la violencia intrafamiliar aumentan dañando en especial a las niñas y niños.
La política ha cambiado, pero ésta debe acompañarse de resultados. El cambio de régimen requiere recuperar la confianza perdida en la autoridad, lo que solo se logrará con hechos que permitan frenar y revertir la herencia más dolorosa que enfrenta el nuevo gobierno. En eso estamos.
