Como era predecible, la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen. El mismo que cometió este crimen.
Este coletazo del pasado se ha colmado de afirmaciones sin escrúpulo fundadas en el dolo, la ignorancia y la mala fe. Por ejemplo, hay quienes señalan que el informe se basa en la declaración de un solo criminal. Esto es absolutamente falso: si leyesen el informe podrían constatar las diversas fuentes de información que lo sustentan. Sabrían que es fruto de información de al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas, que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos.
Se ha dicho que nos equivocamos al cuestionar la actuación de los jueces que llevan el caso, que el problema reside en la mala actuación de las fiscalías y ministerios públicos —que al mismo tiempo defienden— omitiendo señalar que los jueces tienen la capacidad jurídica para restablecer procesos y solicitar la profundización de las investigaciones.
Es el caso de los autos de libertad dictados por el juez Samuel Ventura Ramos, a 77 personas que, efectivamente, fueron objeto de tortura por parte de las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República, lo cual es absolutamente inadmisible. Sin embargo, lejos de ordenar restablecer el proceso, y señalar y castigar a los torturadores, el juez dictó la libertad absolutoria a algunos de los principales perpetradores de la desaparición.
Han buscado confrontar a la Comisión de la Verdad con las Fuerzas Armadas, al señalar que el informe es un agravio contra el Ejército, que tiene una carga ideológica y de estigmas. El informe se basa en un trabajo profesional sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas. La búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones, por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando logran identificarse y expurgarse los intereses ajenos a la ley y el respeto de la sociedad.
También se pretende confrontar al Gobierno de México con los padres y madres y con la sociedad con el objetivo de desvirtuar el trabajo de esta Comisión, como sucedió el sábado pasado con la filtración de información reservada a la investigación judicial que lastiman a las víctimas, atentan contra derecho de las víctimas a la verdad y abren paso a la impunidad. El principio de transparencia y máxima publicidad es, sin duda un pilar para conocer la verdad, pero éste no puede estar por encima del respeto y dignidad de las víctimas.
La Comisión ha dado pasos importantes y refrendado su compromiso con la verdad, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, y para generar las condiciones para que la Fiscalía General de la República a través de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa judicialice y procese a los responsables de estos hechos, sin menoscabo del derecho de los presuntos responsables a su defensa.
Los trabajos de la Comisión de la Verdad continúan, no hay marcha atrás para ir a fondo para garantizar el derecho a la verdad. El viejo régimen y sus voceros continuarán con su campaña de denostación, en un debate que se dirimirá en los juzgados, pero también ante una sociedad cansada de la mentira y el encubrimiento.
En lo que a la Comisión de la Verdad respecta, retomo lo escrito por Marco Aurelio en sus meditaciones: “No puedo recibir afrenta de ninguno de ellos porque ninguno podría mancharme con su infamia”. No somos como ellos.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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