El Senado de la República ha dado un primer paso para dejar atrás la política prohibicionista que reguló el combate a la drogas durante las últimas décadas al aprobar el dictamen que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual asume el problema del consumo de drogas como un asunto de salud pública regulando la producción y el consumo personal del cannabis desde una perspectiva de derechos humanos, con lo que se pretende dejar atrás la violencia generada por el narcotráfico y la criminalización de productores y consumidores.
La historia muestra que el prohibicionismo no inhibió el consumo de drogas y por el contrario su producción y distribución trajo consigo la formación de poderosas organizaciones criminales atraídas por las grandes ganancias del negocio. Por el contrario, diversas investigaciones muestran que la despenalización no se ha asociado con el incremento en la incidencia delictiva ni con problemas serios de salud y que no existe evidencia para aseverar que la despenalización del cannabis lleva a aumentos en el consumo de otras sustancias psicoactivas.
De acuerdo con el Inegi, en 2018 el delito de narcomenudeo representó 14 por ciento del total de delitos del fuero común, siendo el segundo delito más importante, solo por debajo del delito de robo. Ese año, más de 17 mil personas fueron imputadas por delitos de narcomenudeo relacionados con la tenencia de cannabis. El 45 por ciento de éstas, fue imputado por portar cantidades de entre 5 y 30 gramos de la planta, mientras que el 29 por ciento lo fue por portar más de 250 gramos. En el caso de los adolescentes, cerca del 90 por ciento de los inculpados por posesión de cannabis portaba menos de 30 gramos.
La eventual aprobación de esta ley pone en el centro a las personas y comunidades, generando mecanismos de atención sobre las necesidades diferenciadas de su consumo y la regulación de la producción y el mercado.
El reconocimiento del uso lúdico de la marihuana es un paso importante para el acceso a la justicia y al libre desarrollo de la personalidad, ya que contempla el autoconsumo en personas mayores de 18 años en portación no mayor a 28 gramos, o en asociaciones de consumo, manteniendo la prohibición al consumo en menores de edad o en personas imposibilitadas para dar su consentimiento libre e informado.
La minuta crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, el cual establecerá los mecanismos de regulación de la producción, distribución y consumo bajo un enfoque de salud pública, derechos humanos, desarrollo sostenible y justicia social.
Ello permitirá al Estado otorgar licencias para la comercialización del cannabis, las cuales deben favorecer un esquema de comercio a pequeña escala, quitando a los cárteles el negocio de la marihuana, inhibiendo conductas que puedan ser constitutivas de prácticas monopólicas, garantizando el reconocimiento de los pequeños productores y la no criminalización de los pueblos y comunidades que se han visto orillados a dedicarse a la siembra, hasta ahora ilegal, de la marihuana.
La minuta se encuentra para su discusión y dictamen en la Cámara de Diputados, la que puede profundizar los cambios y dar mayores certezas para enfrentar los retos en su implementación ante la complejidad del contexto mexicano, desde garantizar la implementación de políticas públicas de prevención y atención a la salud de las personas que padecen trastornos por uso de sustancias con perspectiva integral de reducción de daños, al tiempo de des estigmatizar su uso, bajo una perspectiva de derechos humanos y respeto al libre desarrollo de la personalidad.
