La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el pasado 10 de agosto el amparo promovido por las familias de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, exmilitantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en favor del derecho humano de toda persona desaparecida y de sus familias a la búsqueda, a la verdad, a la justicia y reparación del daño causado por hechos tan lamentables como la desaparición forzada en nuestro país.
La desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya se registró en un contexto de inconformidad social tras las acciones de persecución y represión del entonces Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, en contra del magisterio y de las organizaciones sociales organizadas en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La Comisión de Mediación que se creó para investigar estos hechos señaló que el motivo de su desaparición obedeció a su participación política en el EPR y que en ésta participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y policías ministeriales y estatales, coordinados desde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Por su parte, las familias han señalado que sus familiares fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca y posteriormente trasladados al Campo Militar número uno y que desde ese momento se desconoce su paradero.
En julio de 2014, el Poder Judicial de la Federación ordenó la búsqueda y localización de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en centros militares, de Seguridad Nacional, PGR y de la entonces Policía Federal. Actualmente hay ocho personas detenidas en diversos penales federales, y otras más se encuentran bajo proceso de investigación como el exprocurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez. Parte de las exigencias de los familiares ha sido el castigo a los autores materiales responsables de la desaparición forzada, así como de los integrantes de la cadena de mando que ordenó y ejecutó este crimen de Estado.
Uno de los mayores problemas ante la desaparición forzada es la falta de sensibilidad de la autoridad y la impunidad ante este delito. En la búsqueda de sus seres queridos, las familias enfrentan la indolencia de jueces y ministerios públicos para realizar las investigaciones necesarias. La lentitud de los procedimientos judiciales y la negativa al amparo en materia de desaparición, se convierten en un calvario que genera un vacío legal para acceder a la justicia.
Con la resolución de la Corte se fortalece el derecho de toda persona a ser buscada. A la búsqueda en vida de personas desaparecidas y, en su caso, a la búsqueda, identificación y trato digno de quienes perdieron la vida, y de los familiares favoreciendo el acceso a la justicia y con ello erradicar las graves violaciones cometidas por las autoridades en materia de represión política y desaparición forzada poniendo en el centro el derecho de las personas.
En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia establece lineamientos para el despliegue de las facultades en la búsqueda y localización de toda persona desaparecida encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que fortalece el enfoque de derechos humanos, se combaten inercias institucionales, complicidades, corrupción y por lo tanto impunidad, lo que representa un llamado a las instituciones a sumar esfuerzos, dejar de lado el celo institucional y garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, y acceder a la justicia.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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