Al cumplirse 10 años de la creación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas iniciamos los diálogos para impulsar una iniciativa para crear la Ley General de Prevención y Protección ante agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Se trata de reflexionar sobre los avances alcanzados, los límites y pendientes en la legislación actual, así como sobre los requerimientos de una política pública que permita fortalecer la perspectiva de derechos humanos y la atención a la complejidad de las agresiones contra estos sectores fundamentales en la defensa de la libertad de expresión y del derecho a defender los derechos.
Este mecanismo, que surgió como una medida extraordinaria del Estado mexicano para hacer frente a la incapacidad de las autoridades ordinarias de seguridad y las fiscalías de los diferentes órdenes de gobierno para atender las agresiones que sufre este sector, requiere de una profunda evaluación para transitar de una política reactiva hacia una política de prevención y castigo de estos delitos a fin de abatir la impunidad.
Se trata de encarar inercias, resistencias y agresores: delincuencia organizada, impunidad, falta de colaboración de autoridades locales, involucramiento de autoridades municipales con grupos de delincuencia y participación activa de las autoridades municipales en las agresiones que sufren periodistas y personas defensoras. Es decir, no solo existen autoridades locales que no asumen su obligación de protección, sino que además son parte central del problema.
Ello exige encaminar la experiencia adquirida en esta década para avanzar en la prevención, mejorar la coordinación institucional para la atención de este problema y fortalecer el acceso a la justicia, definiendo los marcos de competencia, concurrencia y responsabilidad de las instituciones del Estado mexicano ante estos hechos.
Los Diálogos se llevarán a cabo en las siete entidades con mayor incidencia en agresiones, abordando aspectos como el Sistema y Modelo Nacional de Protección; un Registro Nacional de Agresiones, y el Protocolo Nacional de Protección, entre otros asuntos.
Con este ejercicio se busca abrir espacios de intercambio para la construcción de una propuesta que incluya la diversidad de perspectivas de la sociedad civil; periodistas; defensores del territorio y el medio ambiente; madres buscadoras; colectivas que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; organizaciones y colectivos que buscan verdad y justicia, así como de quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es un tema prioritario en la agenda nacional, es un asunto de Estado, en el que debe existir corresponsabilidad en el cumplimiento de la obligación constitucional de garantizar los derechos y protección por parte de los municipios, estados y federación.
Es necesario que, con la experiencia colectiva alcanzada, se subsanen las limitaciones en el diseño e implementación del Mecanismo. Atender este fenómeno y erradicarlo demanda fortalecer la política integral a nivel nacional en materia de protección y prevención, donde cada autoridad asuma su responsabilidad, profundizando el diálogo entre los diferentes niveles de gobierno y las personas que día con día enfrentan estas situaciones de riesgo, asumiendo un compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión, principios básicos de la democracia.
