El sábado pasado se conmemoró el Día Mundial contra la Trata de Personas, delito que, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2020, deja a 2.5 millones de personas como víctimas en el mundo.
El informe analizó la situación de 50 mil personas, víctimas de las redes de tráfico que operan al menos en 148 países, donde el 50% de las víctimas sufre explotación sexual, 38% son sometidas a trabajos forzados y el 12% restante, se encuentra en el reclutamiento y participación forzada en actividades criminales, la mendicidad, matrimonios forzados, la adopción ilegal y la extracción de órganos.
El 34% de las víctimas a nivel mundial son niñas y niños: 7 de cada 10 niñas son reclutadas con fines de explotación sexual, en tanto que el 66% de los niños es con fines de explotación para trabajos forzados.
Dentro de los factores de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas de este delito, se observa que 51% es por necesidades económicas, 20% disfuncionalidad familiar, 13% es la pareja afectiva que actúa como traficante, 10% con algún tipo de padecimiento mental, 10% personas en migración, 9% niños sin cuidado parental, 6% con algún tipo de exclusión por educación e idioma y 3% por algún tipo de discapacidad.
La trata de personas con fines de trabajo forzado se concentra en el trabajo doméstico y la servidumbre, la industria de la construcción, el comercio informal, pesca, agricultura, maquila y minería. El 57% de los delitos de trata son realizados por grupos criminales organizados tipo empresa, el 18% grupos criminales organizados tipo gobierno, 14% asociaciones oportunistas de traficantes y 11% traficantes que operan individualmente.
Un factor que alienta la comisión de este delito es la impunidad. En México, entre 2018 y 2020, la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, registró mil 720 averiguaciones previas en las fiscalías locales y en la fiscalía general, de las cuales solo se han emitido 225 sentencias condenatorias, es decir en apenas el 13% del total.
Es preocupante el rezago institucional que se observa para encarar este delito. En el diagnóstico 2021 elaborado por la CNDH, se señala que al 31 de julio de 2021 sólo 14 entidades contaban con una fiscalía especializada en los delitos en materia de trata de personas, es decir, menos de la mitad de los estados; dos estados no cuentan con una Ley en la materia (Baja California Sur y Campeche) y dos más, mantienen un rezago en su armonización legislativa (Tabasco y Sonora). El 90% de los estados no cuenta con un diagnóstico sobre el fenómeno en su entidad y el 84% no cuenta con un Programa Estatal contra la trata de personas y, el 59% de las entidades no cuenta con reglamentos que permitan la aplicación de su ley en la materia.
La trata de personas representa una violación grave y sistemática de los derechos humanos de las víctimas, que se expresa en explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad forzada, reclutamiento con fines delictivos, explotación laboral, esclavitud, condición de siervo, tráfico de órganos, experimentación biomédica, adopción ilegal, matrimonio forzoso.
Combatirla de manera eficaz, exige, además de acciones enérgicas de prevención, persecución y acceso a la justicia de las instituciones públicas, de la colaboración de la sociedad en su conjunto, a fin de sensibilizar a las personas sobre este la gravedad del problema, dejar de justificar actos como las adopciones ilegales, denunciar las redes que con falsas promesas conducen al trabajo forzado, así como el uso de las redes sociales para, con engaños, enganchar a niñas y mujeres en las redes de tráfico sexual, rompiendo con el silencio que impera en el ámbito social.
Subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración
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