El próximo 15 de noviembre inicia la visita del grupo de expertos del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU a nuestro país. Es la primera visita a México, tras el reconocimiento del Estado mexicano en 2020 de la competencia de este órgano para recibir y examinar comunicaciones individuales, una demanda histórica de las familias de personas desaparecidas.
México ha formado parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, sin embargo, fue hasta inicios del actual gobierno que el Estado se abrió al escrutinio internacional y reconoció la crisis humanitaria y de derechos humanos en que se encontraba el país y, en particular, la crisis de desaparición que hoy registra más de 94 mil personas desaparecidas y no localizadas.
La desaparición forzada en México tiene elementos de corte histórico social, en la cual la lucha política estuvo asociada a la violencia del Estado y la lucha armada, y que adquirió una dimensión particular durante la Guerra Sucia, así como en la mal llamada guerra contra el narcotráfico que inició en 2006, la cual desató el fenómeno de la desaparición entre particulares, vinculada a la corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado.
Ambos periodos mantienen abierta una herida que el Gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda de personas desaparecidas, a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares, y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas.
Para ello, se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, se fortaleció la Comisión Nacional de Búsqueda, se instalaron las 32 comisiones locales y se establecieron acciones de búsqueda a lo largo del país, siempre en compañía de las familias. Así mismo, se construyó el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, que contempla la perspectiva de género, así como protocolos adicionales de búsqueda como el de niñas, niños y adolescentes.
Se constituyó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado contrainsurgente durante el periodo de la Guerra Sucia y, recientemente, se creó la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre 1965 a 1990.
Se creó, además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de contar con información actualizada sobre este delito. También se trabaja en el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, rompiendo inercias en algunas fiscalías locales, y se generan estrategias para atender el rezago forense, a partir de la construcción de centros de identificación humana y de resguardo de cuerpos, así como esfuerzos de identificación masiva. A la par, se puso en marcha el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense en el que participan familiares de personas desaparecidas, autoridades y representantes de organismos internacionales.
La desaparición de personas exige el esfuerzo coordinado de las instituciones, la sociedad, familiares de personas desaparecidas y del apoyo internacional para erradicarlo. Por ello, la visita del Comité de la ONU es bienvenida y el Estado mexicano la atenderá puntualmente.
