El 19 de octubre pasado, al cumplirse 21 años de la muerte de la defensora de Derechos Humanos Digna Ochoa y Plácido, el Estado Mexicano, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública en el que se reivindicó la memoria y trayectoria de Digna Ochoa, así como la lucha de sus familiares por esclarecer los hechos que derivaron en su muerte y obtener justicia.
Fue, ante todo, un acto de reconocimiento de su trayectoria y de su compromiso en la defensa de los derechos humanos de los más desprotegidos en nuestro país.
Como abogada, fue defensora de innumerables causas justas y emblemáticas. Son los casos de Aguas Blancas, Guerrero, las masacres de Acteal en Chiapas y de El Charco, Guerrero, y a comunidades campesinas, pueblos indígenas y a personas defensoras de derechos humanos. Labor que durante años, fue objeto de hostigamiento, amenazas y persecución política.
Este reconocimiento se dio a partir de un diálogo serio con su familia y sus representantes con el actual gobierno, como parte de las acciones que el Estado Mexicano ha emprendido a partir de la sentencia emitida por CoIDH en noviembre de 2021.
A menos de un año de la notificación de la sentencia, se ha avanzado de manera sustantiva en el cumplimiento de las medidas de reparación, rehabilitación e indemnización para la familia.
Destaca la creación de una unidad especializada para la investigación del caso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con una visión garantista y de justicia restaurativa, con la cual se ha reabierto el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Digna Ochoa y, en su caso, identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los hechos.
En la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se impulsa la creación de un nuevo marco normativo que defina las competencias y obligaciones específicas de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, priorizando la implementación de medidas encaminadas a fortalecer las políticas públicas de prevención y protección a personas de este sector.
De igual manera, el mismo día en que se realizó el acto de disculpa pública, el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial el Acuerdo por el que se cambia la nomenclatura de una calle de esta ciudad, con el nombre de la defensora de derechos humanos, con lo que la dirección oficial donde se ubica la Fiscalía capitalina lleva el nombre de Digna Ochoa y Plácido, al tiempo que en el municipio de Misantla, Veracruz, también se nombrará una calle con el nombre de Digna Ochoa.
Sin duda, la sentencia internacional para el caso Digna Ochoa abona a esta coyuntura y refuerza el deber del Estado mexicano para cumplir con las obligaciones de respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos.
El legado de Digna es relevante. Su lucha no será más discriminada ni estigmatizada, ni por su pertenencia de género, ni por su pertenencia social y cultural. Su sensibilidad ante la injusticia definió su carácter militante en la defensa de los derechos humanos. Con este acto se ha dado un primer paso, de muchos, para reivindicar la memoria de Digna Ochoa y, con ello, defender el derecho fundamental de defender los derechos humanos.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
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