Concluyó la visita de la Relatora Especial para Desplazamiento Forzado Interno de Naciones Unidas a nuestro país. La visita, realizada a invitación del gobierno de México, tuvo como objetivo evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas, los factores que influyen o conllevan a esta problemática y conocer la atención que ha brindado el Estado Mexicano al fenómeno.
A lo largo de 12 días de trabajo, la relatora, Cecilia Jiménez-Damary, visitó la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, donde se reunió con funcionarios de 25 dependencias de la administración pública federal y local, así como con representantes del Senado de la República, del Poder Judicial y de Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos. Sostuvo también reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil, grupos eclesiásticos, personas en situación de desplazamiento forzado interno y con comunidades afectadas por esta problemática.
Se trató de la visita más amplia registrada por una relatora al país. El interés mostrado por conocer y comprender los diversos contextos, la diversidad cultural y social, y la complejidad para abordar el tema permitió crear un espacio de intercambio de ideas para el fortalecimiento de la política pública y el involucramiento de diversas instancias para marcar el camino para la atención integral al fenómeno e identificar necesidades y tareas pendientes.
El tema había sido invisibilizado por gobiernos anteriores, negando la atención humanitaria y de política pública necesaria para con las personas y comunidades desplazadas por la violencia, la pobreza, los conflictos agrarios, la intolerancia religiosa, la disputa por los recursos naturales y el territorio, así como por el cambio climático y los desastres naturales.
Los impactos en la vida de estas personas y comunidades implican el abandono súbito de sus hogares, modificar sus lazos familiares y comunitarios, para construir un nuevo proyecto de vida. Por lo cual, atender el desplazamiento forzado requiere de la intervención interinstitucional y de políticas que brinden una atención integral que garantice el ejercicio de sus derechos.
En 2019, el gobierno reconoció la existencia del desplazamiento forzado interno en el país e integró, dentro del Programa Nacional de Derechos Humanos, estrategias y líneas de acción específicas para su atención. Se conformaron grupos de trabajo para el análisis del tema dentro del Consejo Consultivo de Política Migratoria, se realizó el acompañamiento a personas y comunidades en esta situación, brindando ayuda humanitaria y se ha colaborado con organismos internacionales y sociedad civil para conformar análisis y herramientas para el acompañamiento a los gobiernos locales y federal en su atención y prevención.
Falta mucho por recorrer. Consolidar una política pública conlleva a fortalecer estas acciones mediante un marco normativo específico que establezca claramente funciones y atribuciones de las diversas instituciones, como sucede ya en Chiapas, Guerrero y Sinaloa, donde se cuenta con una ley en la materia; asignar recursos que permitan generar estrategias para la atención y prevención de este fenómeno, así como la coordinación entre el ámbito federal y local para la atención de las personas y poblaciones afectadas.
Con esta visita el gobierno de México refrendó su respeto a los derechos humanos de todas las personas y en particular, de las personas y comunidades en situaciones de alta vulnerabilidad y reitera su disposición de abrirse al escrutinio internacional para evaluar y fortalecer la atención en temas que vulneran los derechos humanos.
Los retos son grandes, pero partimos de la convicción de que el camino que hemos emprendido permitirá construir los cimientos de una política integral que atienda esta problemática. Las observaciones preliminares de la Relatora serán atendidas desde ahora, estando pendientes del informe que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2023.
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