La desaparición forzada de personas, constituye una violación a los derechos humanos. Se trata de un delito deleznable, cometido por agentes del Estado o por particulares, que agravia a la persona desaparecida, a su familia y a la sociedad en general, al privar de la libertad y ocultar el paradero de una persona.
Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado, esta práctica se instauró, de manera continua y sistemática, por parte del Estado mexicanos para aniquilar la disidencia contra el régimen político, lo que trajo consigo, en particular, durante la llamada Guerra Sucia, la desaparición de al menos mil 595 personas entre 1964 y 2005.
A partir de 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, la violencia generada por las bandas delictivas, en muchos casos bajo la tolerancia o colusión con autoridades, pretendió justificarse como un mal necesario donde las víctimas de la violencia se consideraron daños colaterales o que se trataba de personas que “seguramente andaban en malos pasos”. La violencia se escaló entre los delincuentes y alcanzó a toda la sociedad.
El Gobierno de México ha establecido como prioridad el combate a este flagelo, asumiendo la obligación del Estado de proteger y garantizar derechos humanos fundamentales, como la libertad y seguridad de las personas, así como el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.
Durante 2020, se mantuvo el hallazgo de fosas clandestinas, lo que obedece, por un lado, al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en diversas regiones del país, como sucede en Guanajuato y Jalisco, y por otro, a la intensificación de las labores de búsqueda y a la mayor capacidad de respuesta a la información que reciben tanto familiares de las víctimas como instituciones de distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, se registró una disminución en el número de fosas clandestinas localizadas del 33% y de cerca del 18%, respecto a 2019.
De la misma manera, se registró un incremento consistente en la identificación de cuerpos rescatados y entregados a sus familiares. De los 2 mil 395 cuerpos recuperados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, el 39% fueron identificados (935), y el 21.8% entregados a sus familiares (521).
Los estados que concentran el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas son: Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas, que concentran el 85% del total.
Por otro lado, de acuerdo con información de las fiscalías de los estados, el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el periodo 2006-diciembre de 2020, alcanzó la cifra de 80,517 personas. Registrándose una disminución de 22.4% en el número de denuncias en 2020 respecto a 2019.
De las 37 mil 808 personas denunciadas como desparecidas entre diciembre de 2018-diciembre de 2020, fueron localizadas el 56.4%, manteniéndose las labores de búsqueda del 43.6%.
Del total de personas localizadas en el mismo periodo, el 92% fueron localizadas con vida (20,060) y el 8% fallecidas (1,747).
Las entidades que concentran el mayor número de denuncias de personas desaparecidas son: Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero, que concentran el 76.6% de las denuncias presentadas entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020.
Si bien la mayor parte de los delitos de alto impacto han registrado disminuciones importantes en 2020, la violencia prevalece. La búsqueda e identificación de personas desaparecidas es prioridad. Por ello se continuará con el fortalecimiento de Sistema Nacional de Búsqueda y de las Comisiones Locales, las cuales sumarán más de mil 247 millones de pesos de subsidios este año; se impulsará la construcción de mayor infraestructura forense; se implementará el Mecanismo Extraordinario Forense; se intensificarán las acciones de búsqueda, y se invitará al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, a realizar su primera visita oficial.
