Tras la presentación del último informe del GIEI y el fin de su colaboración, los detractores de siempre han promovido una campaña que pretende desvirtuar los trabajos realizados en la investigación y los innegables avances alcanzados.
Como señaló desde el primer día el presidente López Obrador, mantenemos el compromiso de resolver este caso asumiéndolo como un asunto de Estado, por lo que el Gobierno de México continuará decididamente con la investigación y esclarecimiento de los hechos, a fin de conocer la verdad, dar con el paradero de los 40 estudiantes que faltan por encontrar, y castigar a los responsables, sin escatimar ningún recurso. Atendiendo, sí, las recomendaciones del VI Informe del GIEI que contribuyan a continuar con la judicialización que realiza la Unidad Especial de la FGR; las acciones de búsqueda que se llevan a cabo permanentemente, así como la participación de las víctimas y sus representantes en el Plan de Atención Victimal.
Al inicio de esta administración los padres y madres de los normalistas nos plantearon atender cuatro ejes fundamentales en las investigaciones del caso: la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería en los hechos; la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco por policías federales, municipales y ministeriales; el análisis de la red de telefonía celular, y el trasiego de droga de Iguala a Chicago, como posible móvil de la agresión.
En el primer caso, cabe destacar que se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de diversos rangos, entre ellos dos generales, faltando por ejecutarse seis órdenes de aprehensión, independientemente de las inspecciones a instalaciones y archivos militares que se han realizado.
En cuanto a los hechos relacionados con el municipio de Huitzuco, se encuentran detenidos siete policías municipales; seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, al tiempo que se han realizado diversas acciones de búsqueda en la zona.
Como tercer punto, se realizó el análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas, que permitió la depuración de 84 mil registros para el periodo de los eventos, así como el mapeo y geolocalización de 116 números de interés. Se cuenta además con el análisis de las intervenciones telefónicas de la DEA, así como de la SEIDO, entre otros datos recabados y analizados.
Respecto al trasiego de drogas, se cuenta con testimonios que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos.
¿En dónde nos encontramos? En materia de búsqueda e identificación, a la fecha han sido localizados e identificados tres estudiantes: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio. Al mismo tiempo se realiza el análisis e identificación de 172 cuerpos rescatados en el perímetro de Iguala por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, así como de diversos restos óseos en proceso de identificación genética por el EAAF y la FGR.
En cuanto a la judicialización del caso, se encuentran privadas de la libertad 113 personas, incluida la reciente detención de un expolicía de Huitzuco el pasado fin de semana. Entre ellos: 18 integrantes de Guerreros Unidos; el exprocurador General de la República; el exdirector Antisecuestro de la SEIDO; un exministerio Público de la SEIDO; el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero; el expresidente Municipal de Iguala y la expresidenta del DIF de Iguala. Asimismo, están detenidos 14 militares, incluidos dos generales, ex comandantes del 27 y del 41 Batallones de Infantería, un elemento de la Semar, y 74 policías de diversas corporaciones. Además, se encuentran en proceso tres solicitudes de extradición, entre ellas la de Tomás Zerón, de Israel; el perfeccionamiento de órdenes de aprehensión pendientes y 10 órdenes por ejecutar contra objetivos claves en la investigación.
En los próximos días estaremos informando de las acciones que se realizan en el día a día de las investigaciones. Sin protagonismos, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal, con pleno respeto a las víctimas y sus familiares, pero encarando las campañas de desinformación que pretenden vulnerar una investigación cuyos resultados no tienen precedente.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
