El pasado 15 de junio, la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa, así como la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, dimos a conocer la identificación del estudiante normalista, Jhosivani Guerrero de la Cruz, así como la confirmación de la identificación de Christian Rodríguez Telumbre, resultado de los análisis genéticos realizados por la Universidad de Innsbruck en Austria, que arrojaron un 99,9999 por ciento de certeza sobre los hallazgos realizados en la Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, Guerrero.
Resultados que, una vez validados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, fueron dados a conocer previamente a sus familiares, de manera franca y respetuosa, en una sensible visita a su hogar.
Estos hallazgos, aunque dolorosos, nos acercan a la verdad y ayudan a sanar la herida que dejó la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas la trágica noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, con la que se pretendió borrar toda evidencia que pueda dar con su paradero.
Se trata de un crimen con un alto grado de complejidad, más aún cuando la desaparición de los 43 estudiantes se da en un contexto de desaparición, que rebasa la cifra de 88 mil personas en México.
La particularidad de este caso recae no sólo en su magnitud (cuarenta y tres personas), el perfil de las víctimas (jóvenes estudiantes, oriundos de zonas marginadas del país y algunos de comunidades indígenas), sino también por el contexto de criminalidad, la participación del crimen organizado en colusión con agentes del Estado; así como el agravio que representan las omisiones de las autoridades locales y federales posteriores a los hechos y en el esfuerzo sistemático y orquestado de éstas, por borrar todo rastro del paradero de los muchachos y, así, consumar su desaparición.
Se pretendió enterrar la verdad, y ahora, defensores oficiosos de la llamada “verdad histórica”, pretenden descalificar los avances en la nueva investigación, cuando guardaron silencio y compartieron complicidades con las autoridades de entonces, las que, lejos de activar el andamiaje institucional a su alcance para buscar a los jóvenes en cuanto tuvieron conocimiento de los hechos, buscaron minimizar lo ocurrido y dar carpetazo a un asunto del que nunca tuvieron idea de su trascendencia.
La construcción dolosa de la “verdad histórica”, y el ocultamiento de las evidencias que la contravinieran, tuvieron graves consecuencias para el esclarecimiento de los hechos y para llegar a la verdad y la justicia para los estudiantes normalistas, sus familias y el país.
La investigación continúa sin estridencias ni simulaciones. Con apego a la ley. Sus avances y resultados se harán públicos conforme sean verificables y tengan respaldo científico. El objetivo es dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos, y con ello, conocer la verdad, hacer justicia y garantizar la no repetición.
